Por: Esteban Mata Blanco 26 septiembre, 2013

Mientras los partidos hacen números y ven qué hipotecan para financiar su campaña, la Sala IV revisa a paso lento la legalidad del más tradicional método para inyectar dinero a las justas electorales: los bonos de campaña.

Una acción de inconstitucionalidad presentada a la Sala Constitucional el 27 de diciembre del año pasado tiene en apuros a los partidos, que a una semana del arranque de campaña no cuentan con este tipo de financiamiento.

La vocera de prensa de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Castro, dijo que la acción de inconstitucionalidad en el escritorio de los magistrados es “compleja”, e implica la revisión de prácticamente “todo el código electoral”.

Para el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, la ausencia de bonos es un “castigo a los partidos”.

El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, dijo que ante la ausencia de bonos, los partidos pueden apelar al endeudamiento en algún banco con garantía hipotecaria, la creación de un fideicomiso; el adelanto de un porcentaje de la ayuda del Estado mediante una garantía o bien con los fondos de su propia caja.