San José (Redacción). De plano, la Sala Constitucional rechazó una gestión que cuestionaba los poderes y controles que el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos otorga al departamento encargado, adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones.
Según la acción de inconstitucionalidad, dicho reglamento (decreto 17-2009 publicado el 29 de octubre de 2009) “concede poderes exacerbados de investigación”, los cuales no están ni en la Constitución ni en una ley. En criterio del gestionante, la normativa le otorga competencias que solo pertenecen al Ministerio Público.
A pesar de estos argumentos, la Sala Constitucional ni siquiera entró a conocer el fondo.
En los últimos meses, el Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE ha trasladado a la Fiscalía denuncias de posibles irregularidades en las que incurrieron los partidos al cobrar la deuda política.