La Sala Constitucional resolvió ayer prohibir a los partidos usar los bonos de campaña para el pago de servicios a personas jurídicas.
La decisión viene acompañada del visto bueno para que las agrupaciones políticas utilicen este tipo de financiamiento en el presente proceso electoral.
A criterio del magistrado Fernando Castillo, la sentencia de la Sala traerá “transparencia” al proceso de financiamiento de los partidos pues permitirá controlar quién está detrás de las donaciones y la prestación de servicios que se dan en la contienda electoral.
Los partidos sí podrán contratar servicios a personas físicas y canjear el pago mediante la cesión de derechos de bonos.
El mismo principio se aplica para el pago de servicios a medios de comunicación y para conseguir financiamiento de entidades del sistema bancario nacional.
“Ahora se sabrá a ciencia cierta quiénes son los tenedores de bonos. Se respeta el principio de publicidad y en relación con los bancos del sistema bancario nacional se sabrá cuáles bancos reciben garantía” de esos instrumentos, dijo Castillo.
Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), consideró positivo que la Sala impusiera restricciones al uso de los bonos.
Sobrado coincidió con Castillo en que se favorece la transparencia en el financiamiento a partidos.
Por otra parte, Sobrado lamentó que la herramienta persista como tal pues considera que el valor de los bonos en campaña depende de la posición de cada partido en las encuestas y eso constituye un factor de inequidad.
Se cierra un portón. La sentencia 15343-2013 de ayer resuelve la acción que pretendía eliminar por completo la figura de los bonos de deuda política como método de financiamiento de los partidos.
El alegato fue presentado en enero por los exdiputados Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo y el analista Gabriel Bonilla; durante todo este tiempo tuvo a los partidos en ascuas sobre la forma en que conseguirían recursos.
En la campaña del 2010, sociedades anónimas, cuyos socios eran extranjeros, aportaron efectivo mediante la compra de bonos de deuda política a partidos.
Sin embargo, la intención de Malavassi era que la Sala IV eliminara por completo el actual Código Electoral, algo que quedó descartado la tarde de ayer.
El presidente del TSE celebró que la Sala IV mantuviese vigente la reforma Código Electoral aprobada en el 2009, así como la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones para fiscalizar el financiamiento de los partidos.
El magistrado Sobrado añadió que el TSE esperará la sentencia completa antes de autorizar cualquier emisión de bonos a partidos.
Hacen números. La noticia fue recibida con optimismo y cautela por las agrupaciones políticas.
Debido a que los bonos estaban suspendidos, los partidos con mejor posición en las encuestas habían firmado fideicomisos con bancos para financiar la campaña.
Para garantizar esos financiamientos, los grupos políticos cedieron buena parte de la deuda estatal que el TSE les pagaría tras las elecciones de febrero.
Alex Sibaja, tesorero de Liberación Nacional (PLN), dijo que evaluarán la posibilidad de emitir bonos siempre y cuando sirvan para beneficiar el fideicomiso de ¢6.300 millones que pactaron en octubre con Banco Lafise.
Sibaja no prevé que el PLN use bonos para pagar proveedores.
Carlos Herrera, tesorero del Movimiento Libertario, afirmó que el fideicomiso les cubre ¢2.500 millones y el partido planea invertir ¢3.600 millones, por lo que podrían cubrir la diferencia con emisiones de bonos.
Herrera añadió que la restricción impuesta evitaría que empresas privadas disfracen donaciones.
En las tiendas del Partido Acción Ciudadana (PAC), la tesorera, Leda Zamora, estimó que los certificados son un instrumento más de financiamiento y habrá que analizar su conveniencia y la posibilidad de usarlos, de manera paralela, con el fideicomiso.