Por: Esteban Oviedo 20 agosto, 2014

La Sala IV frenó hoy la decisión del Gobierno de reducir a ¢2,3 millones una pensión de lujo que se paga con el Presupuesto de la República.

El Tribunal tomó la medida al admitir, para estudio, un recurso de amparo interpuesto por un jubilado de apellidos Valerio Sánchez.

Él alegó que la directriz del Gobierno se contrapone a la protección que le otorga la Ley del Adulto Mayor. Mediante un comunicado de prensa, la Sala informó de que la medida cautelar se aplica para este caso concreto.

El 5 de agosto, el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció que el Ejecutivo aplicaría a partir de setiembre una ley de 1998 que permite fijar un tope a las pensiones de lujo, de manera que estas no sobrepasen la suma de diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública.

Con esa medida, pensiones hasta de ¢16 millones bajarían a ¢2,3 millones. La decisión afectará a 910 pensiones y supondrá un ahorro a las finanzas del Estado de unos ¢12.000 millones anuales.

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