Por: Gerardo Ruiz R. 23 junio
Cinco costarricenses presentaron un recurso de amparo contra las autoridades judiciales y policiales por no haber respondido a su denuncia de presuntos actos de tortura en su contra mientras estuvieron detenidos en un navío del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
Cinco costarricenses presentaron un recurso de amparo contra las autoridades judiciales y policiales por no haber respondido a su denuncia de presuntos actos de tortura en su contra mientras estuvieron detenidos en un navío del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.

San José

La Sala IV exigió a todos los jueces penales del país trasladar de inmediato a la Medicatura Forense, para una evaluación técnica, a todas las personas indiciadas que denuncien haber sido torturados durante su detención.

Así consta en una resolución del 6 de junio, en la cual los magistrados fallaron parcialmente a favor un recurso de amparo que presentaron cinco sospechosos de transportar droga por vía marítima, y que permanecieron detenidos durante 12 días en una fragata del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.

La Sala le dio la razón a los recurrentes únicamente en cuanto al hecho de que un juez penal del Primer Circuito Judicial de San José omitió "atender las denuncias alegadas de tortura y otros tratos cueles y degradantes".

Los magistrados enfatizaron en que, ante una denuncia de tortura, las autoridades judiciales costarricenses deben proceder conforme al Protocolo de Estambul de Naciones Unidas, pues Costa Rica es firmante de tratados internacionales sobre derechos humanos.

Por tanto, le ordenaron al Consejo Superior del Poder Judicial emitir una circular dirigida a todos los jueces penales obligándolos a actuar de esa manera.

Según el voto, el hecho de que los costarricenses permanecieran 12 días en altamar y sin la compañía de ninguna autoridad nacional eran elementos suficientes para que fueran trasladados a la Medicatura Forense para confirmar o descartar su denuncia de presunta tortura y trato cruel.

"Ahora todo este asunto quedará en una nebulosa, por la omisión de autoridad jurisdiccional de actuar diligentemente. En consecuencia, de acuerdo con los fines de la investigación, los principios que deben nutrirla y las normas supra citadas, esta Sala comprueba que las autoridades recurridas ignoraron los alegatos de los amparados, al omitir realizar la investigación correspondiente por la denuncia de hechos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, con la prontitud requerida", se lee en la sentencia, presentada por la magistrada Nancy Hernández.

Los recurrentes presentaron el recurso en contra de la Policía de Control de Drogas, la Fiscalía de Crimen Organizado y el Juzgado Penal del Primer Circuito de San José.

Según alegaron ellos, mientras estuvieron en la embarcación recibieron "trato inhumano, degradante y cruel" por parte de los oficiales estadounidenses, sin que existiera vigilancia y control de las autoridades costarricenses.

Los nacionales fueron detenidos el 20 de abril en una embarcación pesquera llamada "Antony", en la que transportaban 1.000 kilos de cocaína, a 500 millas náuticas de Cabo Blanco, Puntarenas, y fueron entregados por los estadounidenses a las autoridades costarricenses el 1.° de mayo en el muelle de Golfito. Después de la entrega, uno de los hombres falleció en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades.

El caso de los tripulantes del barco pesquero "Antony" no fue el primero en que ciudadanos costarricenses pasaron varios días detenidos el alta mar bajo la custodia de guardacostas estadounidenses.

En octubre del 2011, cinco pescadores capturados con 300 kilos de cocaína estuvieron cinco días a bordo del navío Miss Jacky. Y en diciembre del 2014, ocho ticos duraron una semana sin ser puestos en custodia de las autoridades nacionales, después de que una embarcación del Servicio de Guardacostas los arrestara con 900 kilos de cocaína en aguas del Pacífico.

Algunos abogados alegan que la retención de costarricenses en naves estadounidenses por tanto tiempo viola los términos del convenio de patrullaje conjunto que firmaron Costa Rica y Estados Unidos para detectar lanchas con droga en altamar.