Sala III reprende al fiscal por freno a caso contra Henry Mora

La Sala III de la Corte Suprema reprendió al fiscal general, Jorge Chavarría, por pedir se desestime la causa por prevaricato contra el expresidente del Congreso, Henry Mora.

Para los magistrados, la solicitud “carece de fundamento y es contradictoria”.

En vista de los errores en la formulación, la Sala devolvió el legajo del caso que se tramita bajo el expediente 14-000080033-PE, que debe ser revisado por el propio jefe del Ministerio Público, al tratarse de una causa contra miembros de los supremos poderes.

Esta decisión evita, por ahora, que se entierre la investigación contra los diputados, la cual se inició tras una denuncia en contra del Directorio por el nombramiento de la entonces presidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Kattia Martin, en setiembre del 2014.

Un acuerdo firmado por Mora y los diputados Jorge Rodríguez y Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también integrantes del Directorio legislativo, le permitió a Martin obtener una plaza de chofer que fue modificada de manera que ella luego la ocupara como puesto profesional.

Así, sin estudios previos que justificaran este nombramiento, Martin pasó de ser asesora de confianza, a tener una plaza de profesional en la Asamblea.

Polémica. El caso generó revuelo dentro y fuera del Congreso, en vista de que el nombramiento fue de carácter político, y no técnico, una situación criticada en el pasado por el mismo PAC.

Mora basó la decisión en una necesidad de la oficina de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea, pese a que el director de Recursos Humanos de la Asamblea, Hugo Cascante, advirtió de que para nombrar a la entonces presidenta del partido oficialista no medió ningún análisis de puestos, ni se había reportado el requerimiento de una profesional con su perfil.

En el oficio DRH-PA-2462-2014 firmado por Cascante, el jerarca señaló que en el área de Prensa y Protocolo contaba con otros 16 profesionales en la misma categoría que Martín.

Si bien la Procuraduría de la Ética sí halló que ese nombramiento provocó faltas a la ética y la probidad, para el fiscal general no había razones para investigar el delito de prevaricato en las acciones del Directorio.

La solicitud de desestimación de Chavarría señalaba “motivos de atipicidad” que impedían seguir adelante con el proceso.

Este delito de prevaricato, que se castiga con penas de dos a seis años de cárcel y se encuentra previsto en el artículo 357 del Código Penal, se relaciona con las resoluciones administrativas tomadas a contrapelo de la ley.

Pero las explicaciones de Chavarría no les bastaron a los magistrados, que le devolvieron la solicitud para que aclare por qué no se halló delito, al tiempo que apuntaron que su petición necesita fundamentarse más.