Sala III pide al Ministerio Público analizar el informe de la Procuraduría de la Ética donde se señala una falta al deber de probidad por parte del expresidente del Congreso

Por: Natasha Cambronero 9 septiembre, 2015
El fiscal general, Jorge Chavarría, sostiene que los accesos a la Plataforma de Información Policial son útiles para hacer estudios de seguridad para altos funcionarios.
El fiscal general, Jorge Chavarría, sostiene que los accesos a la Plataforma de Información Policial son útiles para hacer estudios de seguridad para altos funcionarios.

La Sala III concluyó que careció de estudio y de una adecuada argumentación la investigación con la que el fiscal general, Jorge Chavarría, absolvió al expresidente del Congreso, Henry Mora (del PAC), y a los diputados Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC).

Así reza la resolución con la que los magistrados penales rechazaron la solicitud de Chavarría de desestimar una denuncia por presunto prevaricato contra los tres diputados, en torno al polémico nombramiento de la vicepresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Kattia Martin, en la Asamblea Legislativa.

Se trata del acuerdo del anterior Directorio legislativo, integrado por Mora, Vásquez y Rodríguez, que permitió nombrar a Martin en la Dirección de Prensa y Protocolo del Congreso en el 2014, utilizando la plaza que dejó vacante un chofer. Los entonces jerarcas recalificaron el puesto de conductor para convertirlo en el de un profesional 2B, con lo cual el salario del cargo subió de ¢370.000 (chofer) a ¢1,4 millones mensuales.

En el fallo N.° 2015-1134, del pasado 31 de agosto, los magistrados rechazan el argumento con que la Fiscalía General solicitó el archivo del caso. Chavarría alegó que no se puede concluir que los miembros del Directorio realicen labores administrativas y que esa condición es esencial para que se configue un eventual delito de prevaricato, que consiste en dictar una resolución contraria a la ley, o bien, con base en hechos falsos.

Sin embargo, los magistrados tienen una tesis distinta: “Si bien es cierto el constituyente les ha encomendado a los diputados la función (principal) de legislar, cuya potestad ha sido delegada por el pueblo mediante el sufragio, también es verdad que el Directorio tienen otras atribuciones, tales como las administrativas”.

En criterio de los jueces, el argumento del fiscal, usado para aducir atipicidad del delito, fue mal fundamentado e, incluso, es contradictorio en su propio análisis.

”Los razonamientos esbozados por el representante del órgano acusador se contradicen. Por un lado, afirma que el legislador no realiza funciones administrativas (…). Mientras que, posteriormente, señala que los diputados sí realizan funciones administrativas”.

“Resulta a todas luces improcedente por ser contradictoria y ayuna de fundamento", agrega el fallo de la Sala III.

Por otra parte, los magistrados criticaron el que los hechos se sopesaran solo con base en el Código Penal y no en el resto de la legislación. "Se evidencia ausencia de estudios de la prueba y su debida fundamentación”, argumentaron.

“Se debe verificar si los acontecimientos se adecuan a una norma típica específica, con vista integral del ordenamiento jurídico y no de manera parcial, concretamente, con las ilicitudes que se cometen en perjuicio de los deberes de la función pública y aquellos previstos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, reza el fallo.

Ampliar investigación. Además, se le pide a Chavarría tomar en cuenta el informe de la Procuraduría de la Ética donde se concluyó que Henry Mora faltó al deber de probidad con ese nombramiento.

“El ente encargado de la investigación deberá ponderar la conveniencia de analizar en el caso bajo estudio, el informe rendido en estos días por la Procuraduría General de la República, donde se examinan las actuaciones de los diputados Mora, Vásquez y Rodríguez, con relación a los hechos aquí investigados”, sentenció la Sala III.

Inicialmente, la denuncia anónima era por el delito de peculado; es decir, por sustraer o desviar fondos públicos. Sin embargo, Ante una consulta de La Nación, la Fiscalía había argumentado que, tras una investigación inicial, estableció que el delito que eventualmente podría haberse cometido era el de prevaricato. Y, al final, no logró comprobar ninguno de los dos.

Este medio solicitó una reacción al fiscal general Chavarría, pero este no se ha referido a la resolución de la Sala III.