Por el contrario, Frente Amplio y ANEP celebran reforma a ley de pensiones del Magisterio

Por: Gerardo Ruiz R. 8 junio
Los diputados del PUSC y de Liberación Nacional votaron a favor la reforma al régimen de pensiones de Jupema. Los candidatos de esos partidos políticos les piden analizar mejor las cifras antes del segundo debate del plan para evitar perjuicios a la Caja y al erario.
Los diputados del PUSC y de Liberación Nacional votaron a favor la reforma al régimen de pensiones de Jupema. Los candidatos de esos partidos políticos les piden analizar mejor las cifras antes del segundo debate del plan para evitar perjuicios a la Caja y al erario.

El candidato presidencial del PUSC, Rodolfo Piza, les reprochó a los diputados rojiazules haber dado sus votos para que se aprobara un proyecto que golpeará las finanzas del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al permitir que hasta 6.000 docentes se salgan del sistema para pasarse al del Magisterio Nacional llevándose su dinero.

En tanto, el aspirante del PLN, Antonio Álvarez Desanti, le pidió a los tres diputados de su partido que apoyaron la reforma, entre ellos la jefa de fracción Karla Prendas, que analicen de nuevo los números sobre el impacto económico que tendría el proyecto, antes de darle segundo debate.

El plan se aprobó el miércoles, en primer debate, en la Comisión Plena Primera, por lo que no requiere pasar por el plenario legislativo del Congreso.

Consultado por La Nación, Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó: "Dada la situación fiscal del país, considero que el proyecto de ley no debió aprobarse en primer debate. Este no fue un tema que hubiésemos discutido y por eso los diputados socialcristianos que lo votaron, lo hicieron de acuerdo con su criterio personal. Respeto su criterio, pero si lo hubiéramos conversado antes les habría recomendado votar en contra".

Por su lado, el candidato de Liberación Nacional (PLN) recalcó que, mientras fue diputado del PLN, estuvo dentro del grupo de legisladores que se opusieron al proyecto, precisamente por el impacto económico que podría provocar. El aspirante presidencial dijo que la votación lo tomó por sorpresa, pues el miniplenario no contaba con todos los estudios financieros necesarios para tomar una decisión sobre el proyecto de ley.

"Estamos muy preocupados por los números en cuanto al costo que tiene para el Estado esa reforma. Creímos que la comisión iba a pedir los datos, me tomó por sorpresa que lo votaran sin haber esperado los números de Jupema. Hubiera preferido que se esperara a tener los números para contrastarlos con los de Hacienda y la Caja. Le pediré a los tres diputados del PLN que respaldaron el proyecto que analicen las estimaciones antes de que se le dé segundo debate al proyecto", adelantó.

Una diputada de Liberación sí votó en contra, Mauren Fallas, en línea con la preocupación que plantearon el gobierno de Luis Guillermo Solís, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). No obstante, al PAC se le salió un voto el canasto: Nidia Jiménez, que se pronunció a favor.

Hacienda emitió un comunicado este jueves advirtiéndo de que ese traslado provocaría al Gobierno Central un gasto adicional de ¢11.000 millones ¢32.000 millones al año, pues muchos docentes caerían en un régimen desfinanciado que se cubre con dinero del Gobierno Central.

La cartera también alertó de que esos números echarían por tierra el ahorro de ¢21.000 millones anuales que consiguió el Estado con las tres reformas que aprobaron los propios diputados a las pensiones de lujo de Gobierno y exdiputados.

Piza y Álvarez Desanti pidieron a sus bancadas revisar y analizar las cifras con más cuidado.

"Dado que hay profundas discrepancias entre los datos de Hacienda y los de la Junta de Pensiones del Magisterio, le he solicitado a la fracción que revise a profundidad la validez de los datos que se le han brindado a los diputados", recalcó el socialcristiano.

El liberacionista agregó: "Las cifras que reveló Hacienda son absolutamente graves. Igual que todos los costarricenses a mí me dolería que perdamos el ahorro alcanzado el año pasado por una decisión de este tipo".

Aspirante del FA: Los números de CCSS y Hacienda 'no son ciertos'

Estas opiniones contrastan con las del aspirante presidencial del Frente Amplio, el diputado Edgardo Araya, quien votó a favor del proyecto.

Él afirmó que su bancada maneja números totalmente distintos a los que Hacienda utilizó este jueves para alertar sobre los eventuales perjuicios al erario que traería el proyecto de ley.

Según el frenteamplista, a lo sumo serían 3.200 educadores los que se pasen, y no 6.000. Agregó que su bancada prevé que solo 200 personas tienen verdaderas posibilidades de hacer el movimiento de un sistema al otro.

"Pusimos filtros muy rigurosos en el proyecto de ley. Esas 200 personas no le costarían a Hacienda más de ¢200 millones el primer año de su traslado y, más bien, tendrían que devolverle a la Hacienda Pública cerca de ¢800 millones de su propio bolsillo para pasarse de régimen. Nos parece que los números que hizo Hacienda, y los de la Caja, que afirma que le costaría ¢52.000 millones el proyecto de ley, no son ciertos", estimó Araya.

El diputado aseguró que el Gobierno tampoco está contemplando que, de concretarse el traslado de esas personas, la Caja no tendría que hacerle frente a esas pensiones. "Actuarialmente, el golpe para la Caja sería mínimo. Además, nos aseguramos de que entre esas personas no se nos vaya a colar ninguna pensión de lujo", destacó.

Sin embargo, el cálculo hecho por la CCSS sí incluye el ahorro de no tener que pagar las pensiones de estas personas en el futuro y, aún así, estima una pérdida de ¢52.000 millones.

Uccaep pide veto

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también alzó voces de alarma ante la decisión del Congreso.

Franco Pacheco, presidente de esa organización patronal, dijo que este ve con "profunda preocupación" lo actuado por los parlamentarios y lanzó un llamado al presidente Luis Guillermo Solís para que evalúe vetar la iniciativa, de llegarse a aprobar en segundo debate.

"Ante la advertencia del Ministerio de Hacienda, sobre el impacto en el déficit fiscal, es claro que esto representará un punto de quiebre, le corresponderá al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, tomar la decisión de sancionar la Ley o de vetarla. ¿Privará la responsabilidad fiscal y de evitar perjudicar a la mayoría de costarricenses, o preferirá evitar un conflicto social?", remarcó el empresario.

Otra visión

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, ve la aprobación del proyecto de ley como una cuestión de justicia para un grupo de educadores que, según su criterio, fueron "engañados".

"En 1995, se les agredió (a los educadores, con la reforma a su régimen de pensiones) como nunca antes había ocurrido. Hoy se les hace justicia. La plata que debe pasar IVM-CCSS a su sistema de pensiones es ínfima con relación a la que se habría perdido en el sistema de pensiones de la Caja con las malas decisiones de inversiones y en otros órdenes; por la presunta pérdida cuantificada conservadoramente en ¢1 billón. También es minúscula si la comparamos con la cuantía exageradamente alta del robo de impuestos. ANEP respalda la iniciativa de ley en trámite en tal sentido", destacó el sindicalista.

Los diputados no fijaron una fecha para darle segundo debate y final a la reforma a pensiones del Magisterio. Tentativamente, la votación ocurriría el 21 de junio entrante, pues las comisiones plenas sesionan una vez a la semana, los días miércoles.