El recorte a las pensiones de los exdiputados le ahorraría al Gobierno, en solo un año, suficiente dinero para construir otro paso a desnivel como el que se construye actualmente en la rotonda de Paso Ancho, sobre la carretera de Circunvalación.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, al limitar las jubilaciones a unos 160 exlegisladores, o bien, a sus herederos, el Estado salvaría unos ¢7.700 millones anuales.
La cifra fue calculada con base en el costo de estas pensiones en el 2015, informó el viceministro Alfredo Hasbum.
El monto supera el costo de la construcción del paso de 400 metros que se construye en Circunvalación, el cual tiene un presupuesto de ¢5.400 millones.
En 10 años permitiría acumular los fondos para financiar el tramo norte de esa misma vía, entre La Uruca y Calle Blancos, valorado en ¢79.000 millones.
El 7 de diciembre, los diputados aprobaron en primer debate la reforma a las jubilaciones del régimen de exlegisladores, en el cual algunos devengan hasta ¢7,1 millones mensuales.
El plan de ley tiene dos objetivos: primero poner un tope de ¢2,5 millones mensuales (diez salarios base) a estas pensiones, lo que implicará recortar unas 160 que hoy superan esa cifra.
Segundo, eliminar el incremento anual de un 30% que este régimen les concedía de manera automática. Un estudio del Ministerio de Trabajo reveló que, si las alzas no eran frenadas, las pensiones alcanzarían los ¢200 millones mensuales en 30 años.
Con el cambio, las pensiones aumentarán según crezca el costo de vida, al igual que las del resto de la población. Esto, si el proyecto es aprobado en segundo debate y avalado por Presidencia.
Apoyo. El régimen de pensiones de exdiputados surgió en 1985 y se cerró en 1992, pero todavía tiene 230 beneficiarios que disfrutan del beneficio. El 75% de ellos devengan montos mensuales superiores a los ¢2,5 millones.
Entre los excongresistas bajo este sistema figuran Claudio Guevara y Humberto Vargas Carbonell, padres de los actuales legisladores Otto Guevara y Humberto Vargas, respectivamente. También, Bernal Jiménez, expresidente de Liberación Nacional (PLN) y los exparlamentarios Rolando Laclé y Ovidio Pacheco, entre otros.
Jiménez dijo estar “absolutamente de acuerdo” con el recorte aunque añadió que esta misma medida debería extenderse a otros regímenes de pensiones de privilegio que, por el momento, no han sido alcanzados.
Sostuvo que él había pedido al Gobierno que frenara los aumentos del 30% anual en su jubilación, pero aun así se los hicieron.
“Esta ley es buena y debería aplicarse a todos los abusos. Nadie debería ganar más de ¢2,5 millones en la pensión. Me parece conveniente que esto se difunda a otros poderes del Estado”, expresó, al citar al Poder Judicial.
El expresidente del PLN también salió al paso de las declaraciones del exdiputado Jorge Luis Villanueva, quien dijo que la pensión que goza fue gestionada por una asistente de Jiménez, quien le sugirió hacer el trámite.
“Nunca he hablado con él. Dice algo que es totalmente falso”, aseguró Jiménez.