TSE rechaza reducción aprobada en Comisión Hacendarios a mediados de octubre porque puede afectar derechos

Por: Natasha Cambronero 17 noviembre

La moción aprobada por los diputados, para destinar la mitad la deuda política a los daños provocados por la tormenta Nate, no pasa de ser un espejismo. En la práctica, no se puede ejecutar.

Según una respuesta emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a los legisladores, el dinero recortado “ineludiblemente” deberá reintegrarse al Presupuesto Nacional del 2018 de una manera u otra.

El 4 de octubre, TSE dio el banderazo de inicio del proceso electoral de cara a los comicios presidenciales del 4 de febrero. Foto: Manuel Vega
El 4 de octubre, TSE dio el banderazo de inicio del proceso electoral de cara a los comicios presidenciales del 4 de febrero. Foto: Manuel Vega

El 13 de octubre, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios acordaron redireccionar a la emergencia unos ¢12.500 millones que estaban previstos para la contribución que el Estado hace a los partidos políticos con ocasión de las elecciones nacionales.

Así lo hicieron mediante una reforma al Presupuesto que el Ministerio de Hacienda presentó para el próximo año, plan que ya se discute en el seno del Plenario legislativa para su aprobación definitiva en primer y segundo debate.

La moción la propuso el libertario Otto Guevara y recibió el apoyo de diputados del PAC, el Frente Amplio, el PUSC y Renovación Costarricense.

Sin embargo, en la resolución N°. 7314-E8-2017, del 16 de noviembre, los magistrados expusieron dos razones por la cuales no procede la reducción del 50% a la deuda política, en respuesta a una solicitud de opinión consultiva hecha por el Directorio Legislativo del Congreso, el 7 de noviembre anterior.

Reforma tardía

Los jueces electorales dijeron, con base en otro fallo del 11 de junio de 2013, que el monto de la contribución estatal solo se puede modificar antes de que el Tribunal convoque a elecciones, lo cual no ocurrió en este caso.

El TSE dio el banderazo de inicio al proceso electoral el 4 de octubre y los diputados avalaron en comisión el recorte nueve días después, el 13 de octubre.

El problema radica en que, a partir de la convocatoria a elecciones, los partidos políticos tienen derecho a emitir bonos de deuda política que se pagarían con la contribución estatal prevista.

Para las elecciones presidenciales del 2018, la contribución estatal equivale al 0,08% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2016, es decir, poco más de ¢25.000 millones. Sin embargo, los diputados pretenden que ronde los ¢12.500 millones.

"Una vez definido ese porcentaje (del PIB) y ya convocada la elección correspondiente, los partidos políticos y los titulares de los certificados de cesión han adquirido derechos en relación con un determinado monto del aporte estatal, con lo cual no podría ser modificado ni suprimido sin menoscabar esos derechos", señala el TSE.

Obligación constitucional

En segunda instancia, los magistrados acotaron que distrimuir la deuda política mediante una reforma al proyecto de ley de Presupuesto Nacional no deja sin efecto la obligación establecida en la Constitución Política y que, en este caso, fue modificado mediante un transitorio.

La Constitución Política establece que el monto de la deuda política debe equivaler al 0,11% del PIB del año trasanterior a las elecciones y que se distribuirá así: un 0,08% para el proceso presidencial y un 0,03% para el municipal del 2020.

"En la hipótesis de que finalmente se aprobara la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2018 con tal recorte, esos recursos deberán reprogramarse a la brevedad posible, con el fin de no afectar los derechos adquiridos de buena fe", añade el fallo del órgano electoral.

El TSE además reitera que, si el dinero no se reintegra al presupuesto del Tribunal, se corre el riesgo de que al final el Estado deba invertir más recursos para afrontar una eventual demanda de los afectados.

"Se insiste a los señores y señoras diputados que, de concretarse la reducción aprobada en Comisión, los recursos deberán ineludiblemente reprogramarse. Si esa restitución presupuestaria no es pronta y oportuna, el resultado financiero sería más oneroso para el Estado, dado que los partidos políticos o sus cesionarios, por ser titulares de derechos adquiridos(que no desaparecen ni decaen por insuficiencia presupuestaria), podrían emprender acciones judiciales para reclamar esos derechos, lo que incluiría el pago no solo del monto dejado de percibir sino también de las costas, daños y perjuicios causados", dice el fallo.

De carácter vinculante

Según el letrado del TSE, Andrei Cambronero, la resolución es vinculante para los diputados en cuanto a que se debe presupuestar los ¢25.000 millones previstos originalmente, ya sea con el plan de gastos del 2018 que actualmente se discute en el Congreso y que debe aprobarse a más tardar el 29 de noviembre, o bien, mediante un presupuesto extraordinario.

No obstante, aclaró que el Tribunal no puede decir cómo van a votar los diputados sobre este particular.

El Directorio legislativo también consultó al TSE sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de Presupuesto Nacional del 2018, inquietud que ese órgano no atendió por tratarse de un asunto de la Sala IV.