Gobierno planteó alternativa para aliviar escasez de dinero en mercado local y así aumentar captaciones

Por: Gerardo Ruiz R., Natasha Cambronero 5 agosto
En ventanilla, los bancos compraron al público la semana pasada $307,3 millones y vendieron $288,6 millones. | JOSÉ CORDERO/ARCHIVO
En ventanilla, los bancos compraron al público la semana pasada $307,3 millones y vendieron $288,6 millones. | JOSÉ CORDERO/ARCHIVO

Durante su cadena de televisión del martes, en la que anunció que el Gobierno tiene problemas de liquidez para enfrentar sus pagos, el presidente Luis Guillermo Solís propuso que la Asamblea Legislativa deroge la Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Especulativos.

Lo propuso como una medida para aumentar la cantidad de dinero disponible en el mercado financiero local, a fin de que el Ministerio de Hacienda pueda captar más recursos mediante la venta de bonos de deuda pública, mecanismo utilizado para financiar los gastos que los ingresos por impuestos no alcanzan a cubrir.

El ingreso de estas inversiones, conocidas en la jerga económica como "capitales golondrina", hidrataría al mercado local con dólares frescos.

"Si logramos derogar esa ley, tendremos más capital, más efectivo, con lo cual los intereses más bien bajarían", explicó el presidente el miércoles, un día después de anunciarle al país que su gobierno afronta escasez de dinero debido al exceso de gastos sobre ingresos, déficit que este año cerraría en un 6,1% del producto interno bruto (PIB) y que, en el 2018, se elevaría a 6,8%.

A finales de julio, Casa Presidencial reconoció que la Tesorería Nacional tuvo que priorizar los pagos porque Hacienda no tuvo éxito a la hora de subastar bonos de deuda interna, debido a que las tasas de interés ofrecidas no resultaron atractivas para los inversionistas, en su mayoría operadoras de pensiones e instituciones públicas, quienes prefirieron no comprarlos a la espera de que las tasas subieran.

La idea del Gobierno es aumentar la oferta de dinero al atraer capitales de personas no residentes en el país, quienes fueron gravados con impuestos en el 2013 porque la administración de ese entonces consideró que estaban provocando distorsiones en el mercado.

Sin embargo, quitarle restricciones a negociantes que andan detrás de ganar mejores intereses también conlleva riesgos.

Según Juan Pablo Arias, economista del Grupo Acobo, si bien el ingreso de dólares podría aliviar temporalmente los dolores de Hacienda, podría implicar distorsiones. La principal de estas tienen que ver con el tipo de cambio del dólar con respecto al colón.

Primero, la medida podría provocar un mayor ingreso de dólares, que se cambiarían por moneda local, provocando una apreciación del colón frente al metálico estadounidense.

Además, al tratarse de inversionistas extranjeros que andan detrás de obtener mejores rendimientos, el dinero podría salir del país tan rápido como entró y, de ocurrir un movimiento como ese, la economía sufriría un efecto contrario al de su ingreso, es decir, el tipo de cambio se dispararía.

En tanto, mientras permanezca en el país, una gran cantidad de dólares podría provocar una mayor inflación (aumento del costo de la vida), debido a que habrían más colones disponibles en el mercado local que las entidades financieras utilizarían para girar créditos y hacer otras inversiones, agregó Arias.

"Eso (el ingreso de capitales especulativos) nos dejaría un poco más vulnerables. Quedaríamos más expuestos. Quedamos sujetos al vaivén de los rendimientos financieros, sería un instrumento a utilizar con muchísima prudencia, hay que hacerlo con precisión de cirujano porque implica muchos riesgos. Debemos tener claro que es una medida paliativa", remarcó el economista.

Por el lado positivo, el ingreso de capitales golondrina al país, tal como lo pretende Luis Guillermo Solís, traería como consecuencia que haya más dinero disponible en el país que Hacienda podría pedir prestado con mayor facilidad para financiar sus gastos. Al tener un sistema financiero cargado de plata, las tasas de interés no aumentarán tanto cuando el Gobierno salga a pedir prestado.

"Si ese capital especulativo no entrara, y el Gobierno tuviera que ir a pedir prestado fuertes sumas de dinero al mercado local, va a presionar hacia arriba, muy fuertemente, las tasas de interés. Y al presionarlas, la parte real de la economía (la producción) puede caer en un problema, puede caer la producción nacional, puede disminuir el consumo del sector privado, de las personas, y la inversión de las empresas. Con esos capitales dentro del país, la presión sobre las tasas no será tan grande, pero con la consecuencia de tener un mercado más vulnerable y expuesto a la salida de esos capitales", comentó el economista.

Candidatos presidenciales divididos

El anuncio de que el Gobierno buscará la derogatoria de la Ley para frenar el ingreso de "capitales golondria" divide a los candidatos presidenciales.

Entre los que opinan que esa medida es poco prudente o que carece de análisis están Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional (PLN) y Rodolfo Hernández, del Republicano Socialcristiana (PRS).

Quienes dan el beneficio de la duda y consideran que sería positivo abrazar a los inversionistas extranjeros son Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), Carlos Alvarado, de Acción Ciudadana (PAC) y Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA).

Álvarez Desanti dijo que, junto con su equipo económico, revisó la propuesta de Solís y concluyó que la derogatoria no es necesaria, o no vendría a subsanar los problemas de Hacienda, pues en este momento los "capitales golondrina" no están llegando al país.

"En una primera revisión nos parece que esa propuesta es una excusa y no tiene ninguna relación con la llegada de inversiones al país", recalcó el liberacionista quien, sin embargo, dijo que su partido está anuente a escuchar una explicación departe del Gobierno sobre la alternativa.

El candidato Hernández, por su parte, opinó que la manera correcta de incentivar las inversiones extranjeras es la atracción de nuevas empresas, para lo cual se necesita mejorar en condiciones como la seguridad jurídica, mejoras en la infraestructura, y precios de la electricidad más competitivos.

Otros, como el libertario Guevara, creen que el Gobierno hace bien al eliminar cortapisas para que vengan más capitales desde el exterior.

Su colega oficialista, Carlos Alvarado, opina igual: "Eso permitirá que, a través del ingreso de capital, pueda haber financiamiento a más corto plazo del que pueda echar el Tesoro Público. Es una opción que en el contexto actual hay que explorar".

Este medio también consultó su opinión al aspirante Juan Diego Castro, de Integración Nacional (PIN), y esta fue su respuesta: "El presidente, cuando arrancó la liberación de miles de condenados, dijo que una golondrina no hacía verano. Ahora cambió de opinión y cree que el capital golondrina le hará a su candidato un veranillo fiscal".

El debate está abierto y quienes tendrán la última palabra sobre si avalan o no el ingreso de "capitales golondrina" al país serán los diputados.

¿Por qué nació la ley?

La Ley para desincentivar el ingreso de capitales especulativos al país la aprobó el Parlamento en enero del 2013, después de que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla advirtiera de las distorsiones que estaba provocando al mercado interno el ingreso masivo de grandes capitales que pretendían aprovechar las condiciones favorables para la inversión financiera, gracias a las altas tasas de interés de aquel momento.

En ese entonces, la iniciativa tuvo el respaldo de 36 legisladores, mientras que 8 votaron en contra.

La Ley que presentó el Gobierno faculta al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a subir la tarifa del impuesto sobre la renta que se aplica a los rendimientos financieros recibidos por personas no domiciliadas en el país, en caso de determinar que hay presencia de capitales especulativos.

El incremento en la tasa del impuesto sería de hasta 30 puntos porcentuales respecto a la tarifa vigente (subiría de 8% a 38%). Además, la norma obliga a los inversionistas extranjeros a realizar un depósito de un 25% del capital que vayan a invertir en títulos valores estatales.

Algunos de los diputados de ese periodo constitucional consideraron oportuno aprobar el proyecto de ley para dotar al Estado de una herramienta que le permitiera actuar a tiempo y frenar el ingreso masivo de capitales extranjeros en caso de ser necesario. Sin embargo, ahora el Poder Ejecutivo quiere deshacerse de la herramienta para incentivar el ingreso de dinero al mercado.