Socialcristianos presentaron 130 mociones al plan y piden cambios

Por: Natasha Cambronero 16 febrero, 2016
La reforma al Banco Popular se había dictaminado, por unanimidad, en la Comisión especial de Economía Social Solidaria, y estaba lista para su aprobación definitiva en primer debate, en el plenario legislativo. | JORGE NAVARRO
La reforma al Banco Popular se había dictaminado, por unanimidad, en la Comisión especial de Economía Social Solidaria, y estaba lista para su aprobación definitiva en primer debate, en el plenario legislativo. | JORGE NAVARRO

Diputados de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) acordaron, este lunes, impedir la aprobación del proyecto de ley que reduce al mínimo la injerencia del Gobierno en el Banco Popular y suaviza los requisitos académicos de sus directivos.

Los socialcristianos bloquearon el trámite de esa reforma con un carretillo de 130 mociones, vía artículo 137 del Reglamento legislativo.

Mediante ese mecanismo, el texto deberá sacarse de la agenda del plenario –donde se aprestaba para su aprobación final–, y devolverse a la Comisión de Economía Social Solidadaria, para que allí se discutan los cambios planteados por los legisladores de esa bancada.

Las enmiendas fueron presentadas por Rosibel Ramos, Luis Vásquez y Johnny Leiva.

Aunque también se tendrán que conocer otras 32 formuladas por Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.

Aunado a ello, la fracción del PLN acordó ayer oponerse al texto tal y como está redactado.

“No nos satisface como está redactado y no lo estaremos apoyando de momento. Si se presenta otro texto, entraríamos a analizarlo”, dijo Julio Rojas, jefe de la bancada verdiblanca.

Cuestionamientos. Ambas bancadas se oponen a que el Gobierno solo nombre a uno de los siete miembros de la Junta Directiva, en vez de tres, como ocurre en la actualidad.

Al mismo tiempo, cuestionan que se proponga eliminar la ratificación de esos nombramientos por parte del Consejo de Gobierno, órgano compuesto por el presidente y sus ministros.

En criterio del socialcristiano Johnny Leiva, lo correcto es que a los siete directivos se les pidan estudios universitarios y experiencia en el ámbito financiero, pues, de lo contrario, se socavaría la solidez del Popular.

El bloqueo del PUSC y el PLN, si bien es de la mayoría de sus legisladores, no es unánime; el socialcristiano Jorge Rodríguez y los liberacionistas Juan Marín y Aracelli Segura defienden el contenido del proyecto.

Ellos, junto a Víctor Morales Zapata y Marcela Guerrero, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), y la independiente Carmen Quesada, fueron quienes propusieron las cuestionadas reformas a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), que administra el ahorro de 1,2 millones de trabajadores, que, por ley, deben depositar allí el 1% de su salario.

Otros legisladores como Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, también se oponen al plan, pero, en su caso, él propuso un nuevo proyecto para hacer más rigurosos los requisitos de los directivos bancarios.