A pesar de que el PUSC se opone a la aprobación del Proyecto de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, este lunes, el jefe de esa fracción legislativa, Gerardo Vargas Rojas, lanzó una propuesta para aumentar la tasa del tributo que tendrían que pagar las sociedades anónimas activas, con mayores ingresos.
La idea de los socialcristianos es variar el expediente 19.818 para cambiar el porcentaje que deben cancelar las sociedades con ventas superiores a ¢51 millones y menores a ¢119 millones y las que facturan más de ¢119 millones.
En el texto actual, las primeras deberían pagar ¢127.000 (30% de un salario base) y las segundas ¢212.000 (50%).
Los rojiazules quieren aumentar el tributo para las sociedades entre los ¢51 millones y los ¢119 millones, para que cancelen ¢148.000 (35%) y hacer que las firmas más grandes paguen un 70%, o sea, ¢296.000 por año.
Tal como explicó la propuesta el diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la proposición conlleva también rebajar el tributo que les tocaría pagar a las personas jurídicas inactivas, que en la iniciativa actual es de ¢64.000 (15%) y quedaría en ¢42.420 (10% de un salario base).
Antes de que la Sala Constitucional resolviera que ese impuesto, establecido en la ley 9024, era inconstitucional, el cobro a las sociedades solo era de un 25% para las inactivas (¢106.000) y de un 50% para las activas (¢212.000).
En estudio. Consultado sobre la propuesta de los socialcristianos, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, aseguró que la están estudiando.
Ante la revelación de que el Ministerio de Hacienda infló el monto de la deuda de los morosos con el impuesto de sociedades, pues lo puso en ¢180.000 millones, cuando el Registro Nacional confirmó que eran ¢126.000 millones, el PUSC criticó al Gobierno.
Aunque hay mociones socialcristianas para condonar las deudas de esos morosos, ahora Gerardo Vargas (quien también era un moroso por cuatro sociedades, pero ya pagó) propone que si esa plata se va a cobrar, se use para construir más espacios en las cárceles que administra el Ministerio de Justicia.
Además, sugieren a los demás legisladores modificar el proyecto para variar el reparto de la recaudación y no darle a Justicia solo el 5% planteado, sino un 45% durante los dos primeros años.
“Los presos tienen derecho de recibir un proceso de readaptación en instalaciones adecuadas”, dijo Vargas Rojas.