Por: Natasha Cambronero, Esteban Oviedo 21 agosto

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR (IICE) concluyó que el proyecto de reforma a las pensiones judiciales, consensuado entre la Corte y sus gremios, está muy lejos de cubrir el faltante de dinero que afronta este régimen, pues dejaría el déficit actuarial en ¢3 billones (millones de millones).

A su vez, los matemáticos respaldaron la propuesta aprobada por la mayoría de los diputados y que impone cambios más drásticos.

"Los análisis conducidos por el IICE revelan que la propuesta que surge del dictamen de minoría no pasa una prueba rigurosa de solvencia actuarial", escribió en un nota el Instituto a la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa.

Con este texto, introducido al Congreso por el diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio, la Corte Suprema de Justicia y sus gremios pretenden suavizar la reforma que una mayoría de diputados dictaminó para cerrar el hoyo de ¢5,3 billones que tiene el sistema de pensiones judiciales.

El dictamen de mayoría, por ejemplo, sube de 60 a 65 años la edad para jubilarse, mientras que el dictamen de minoría del FA la dejaría en 62 años para hombres y en 60 para mujeres.

La reforma más fuerte, además, establece que la pensión se calculará con base en el 85% del promedio de los últimos 240 salarios (20 años), y que la cotización de los empleados oscilará entre un 11% y un 15% cuanto mayor sea el sueldo.

La propuesta de los gremios por su parte, también plantea que la jubilación sea del 85% pero con base en los últimos 120 salarios (10 años), y que la cotización será de un 11%, aunque podría subir hasta un 15% si un estudio actuarial demuestra la necesidad.

Actualmente, se otorga el 100% de los últimos 24 salarios y los funcionarios cotizan el 11%.

"Si el aporte se mantiene en el 11% y bajo las demás condiciones del dictamen de monoría, entonces el déficit actuarial sería mayor a ¢3 billones y la solvencia actuarial sería superior al 30% de las promesas", señala la nota que lleva la firma del director del IICE, Jose Antonio Cordero.

Ante este panorama, el IICE advirtió a los diputados de que el salario de referencia propuesto por el FA y el Poder Judicial resulta menos solvente y de que, en torno a la cotización del salario y un eventual aumento de esta, "no se especifican las condiciones bajo las cuales dicho aumento puede darse".

"Una cotización obrera del 11% debería estar asociada a una jubilación o pensión que no exceda el 72,5% de los últimos 120 salarios ajustados por el IPC (Índice de Precios del Consumidor) con el fin de mantener la solvencia actuarial bajo el supuesto de que se mantiene la edad de jubilación ordinaria de 65 años. Sin embargo, este no es el caso del dictamen de minoría, ya que reduce la edad mínima a 60 años para mujeres y 62 para hombres y no establece edad para jubilación anticipada", dice la respuesta del IICE ante la consulta de la Comisión.

"Aún si se cotizara el 15% del salario, no se cumple con la solvencia porque se mantiene el beneficio de un 85%", agrega.

Entonces, afirma el Instituto de la Universidad de Costa Rica (UCR), si el aporte obrero se mantiene en 11%, el déficit sería de ¢3 billones y la insolvencia actuarial superior al 30% de las promesas. Y, si el aporte obrero se incrementa a 15%, el déficit sería de ¢1,7 billones y la insolvencia de un 17% de las promesas.

Tabla.
Tabla.

Los actuarios de la UCR también cuestionan la propuesta de la Corte y sus gremios de extender por diez años el privilegio que tienen los empleados judiciales de pensionarse con el 100% del salario de referencia, pues eso reduce los ingresos del fondo.

"Se considera más adecuado extender el beneficio de la normativa actual a quienes adquieran el beneficio de jubilación en los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley y la nueva normativa a todos quienes no cumplan ese requisito", reza la nota del IICE.

IICE sugiere un aporte obrero del 13% en el texto de mayoría

El Instituto de la UCR también hizo algunas observaciones al texto que por mayoría se aprobó en la comisión legislativa.

Por un lado, cuestionó que se establezca un sistema de cotización escalonado para los empleados judiciales que oscile entre un 11% y un 15%, en el que cuanto mayor sea el sueldo mayor sería el porcentaje de aporte.

En criterio de los actuarios, la redacción de esa propuesta es "confusa y da lugar a dos interpretaciones", pues se corre el riesgo de "fijarse en la práctica más cerca del 11% que del 15% lo que, combinado con un beneficio del 85% del salario de referencia, afecta negativamente la solvencia actuarial del fondo". En su lugar, el Instituto propone que se establezca un aporte único del 13% y que la pensión se calcule con base en el 82% del promedio de los últimos 240 salarios.

"El equipo del IICE considera más adecuado y conveniente establecer un aporte obrero único claramente definido y con un vínculo razonable entre este aporte y el beneficio que reciben los afiliados al fondo. En este caso, el equipo considera que un aporte único del 13% (aplicado a activos, jubilados y pensionados) sería compatible con un beneficio de 82% calculado sobre el salario de referencia de 240 meses", dice la nota con fecha del 18 de agosto del 2017.

Por ese lado, ese órgano de la UCR respaldó la decisión de la mayoría de diputados de calcular la pensión con base en los últimos 240 sueldos mensuales, pues   el monto a pagar sería un 4,8% menor que la cifra resultante si se calcula   sobre los últimos 120 salarios, como proponen la Corte y sus gremios.

Además, apoya que la edad de jubilación se fije en 65 años sin distingo de género, en lugar de los 62 años para hombres y 60 para mujeres que propone la Corte.

Otro cambio que los actuarios consideran positivo, para el fondo de pensiones judiciales, es que se fije un tope a las pensiones de ¢4 millones y se imponga una contribución especial del 50% sobre el exceso de ese tope a los actuales jubilados. Incluso, consideran que es una mejor propuesta que la que ellos habían hecho.

"El esquema planteado por el dictamen de mayoría actúa a favor del fondo respecto de los marcos IICE 3 e IICE 4 (propuestas incluidas en el estudio de la CUR) en ese aspecto, debido a que la contribución solidaria en el texto de mayoría se dispone como "adicional al aporte ordinario".

En las propuestas del IICE, en cambio, el aporte solidario se le descontaba la cotización que los pensionados deben seguir haciendo, sea de un 11% o de un 15%, de manera que la contribución solidaria sería de un 39% o un 35%, respectivamente.

Por ejemplo, para la pensión de ¢6 millones y suponiendo un tope de ¢4 millones y un aporte del 15%, la contribución solidaría (neta) sería de ¢800.000 en el dictamen de mayoría y de ¢700.000 en los marcos IICE", consignó el director de ese instituto a los diputados.