Por: Gerardo Ruiz R. 9 febrero

Diputados de cuatro partidos políticos acuerparon este miércoles una propuesta para fijarle topes mínimos y máximos a las pensiones alimentarias, de manera que estas oscilen entre ¢38.000 y ¢720.000 según las condiciones socioeconómicas.

Estos son algunos de los ejemplos de los parámetros propuestos:

Por 1 niño en área metrolitana:

Tope mínimo: ¢59.000

Tope máximo: ¢720.000

Por 1 niño en el área rural

Tope mínimo: ¢38.000

Tope máximo: ¢461.00

Por 4 niños en área metrolitana:

Tope mínimo: ¢161.000

Tope máximo: ¢1.095.000

Por 4 niños en el área rural

Tope mínimo: ¢103.000

Tope máximo: ¢701.000

La propuesta de las "Tablas Orientativas" la elaboraron el abogado Arselio Hernández y el ingeniero Roy Bogantes con base en la Encuesta Nacional de Hogares. Cuenta con el apoyo de la Asociación Igualdad de Derechos para los Hombres.

Junto con los diputados Lorelly Trejos (PLN), Marvin Atención (PAC), Natalia Díaz (Libertario) y Óscar López (PASE), ellos instararán a la Corte Suprema de Justicia a introducir los topes, según los niveles de consumo de la población, para orientar las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias.

Pensiones
Pensiones

Los montos dependen de los ingresos de los padres divorciados. Así, por ejemplo, el tope máximo de ¢720.000 se aplicaría para una persona que gane entre ¢2,7 millones y ¢4,5 millones.

El monto más bajo, en cambio, corresponde a papás que ganen entre ¢156.500 y ¢292.000 mensuales.

Los proponentes de las tablas orientativas reconocieron que para fijar los montos que establecieron en cada escala socioeconómica no incluyeron variables como los gastos por estudios en el sistema educativo privado ni la eventual atención médica en centros privados. La inclusión de esos elementos, dijeron, quedará a criterio de cada juez.

El jurista Arcelio Hernández comentó que la iniciativa nació después de la visita de un juez español al país, a quien le llamó la atención la ausencia de una tabla orientativa para la fijación de pensiones en Costa Rica.

“El objetivo es reducir la cantidad de casos en los que el padre y la madre de familia entran en conflicto por la fijación del monto de la pensión alimentaria, porque no es conveniente que los niños estén viendo a sus padres pelear por ese tipo de diferendos. Entonces, con la tabla orientativa, el juez tendrá más claridad para fijar el monto con base en estadísticas del INEC”, recalcó el abogado.

El diputado Óscar López afirmó que respalda la propuesta porque la considera valiosa para garantizar la igualdad de derechos del hombre.

“Aquí no somos ni enemigos de los chiquitos, ni enemigos de las mujeres, y me encanta que diputadas como Natalia (Díaz) y Lorelly (Trejos) y otras estimadas diputadas apoyen estas causas porque no es un tema de pelear hombres contra mujeres, esas son luchas que fomenta el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Nosotros no estamos en eso, sino que lo que queremos buscar es el principio de igualdad”, dijo López.

Díaz, mientras tanto, dijo que respalda la iniciativa porque ha dado buenos resultados en España y México.

“Lo que buscamos es que la cuota de la pensión alimentaria sea fijada de una forma mucho más objetiva en los diferentes juzgados del país. Ha ocurrido, por ejemplo, que familias en situaciones socioeconómicas muy parecidas reciben tratos muy distintos de parte de un mismo juzgado al momento de fijar el monto de la pensión”, recalcó la legisladora libertaria.

Marvin Atencio afirmó que, después de estudiar los montos propuestos en las tablas orientativas, estos le parecieron muy razonables, por lo que solicitó a la Corte acoger el estudio como parámetro para fijar las pensiones.

“Me parece que una madre y sus hijos pueden salir adelante perfectamente con una pensión de ₡400.000 al mes”, afirmó el congresista.

El proceso para fijar una pensión alimentaria inicia cuando se presenta una demanda ante un Juzgado de Pensiones Alimentarias.

El juez a cargo cita a la demandante y al demandado a una audiencia de conciliación para interntar fijar el monto de la pensión de común acuerdo. La parte demandante presenta las pruebas de los gastos que pretende que le cubra su ex pareja.

En caso de no lograrse una negociación satisfactoria para ambos el juez, entonces, revisa a cuánto asciende el monto solicitado y revisa cuál es el ingreso reportado del demandado, así como si tiene otras pensiones alimentarias que pagar.

Después de ese análisis, el juez fija el monto de la pensión que siempre estará sujeto a apelación por cualquiera de los miembros de la pareja separada.

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