Ottón Solís se opone a consulta ciudadana del Gobierno sobre qué es corrupción; teme atraso en cumplimiento de compromisos éticos

Por: Gerardo Ruiz R. 19 septiembre, 2016
Casa Presidencial juzgó necesario hacer una consulta pública para definir qué es lo que los ciudadanos consideran como corrupción. La idea levantó comentarios en contra desde el inicio. | RAFAEL PACHECO
Casa Presidencial juzgó necesario hacer una consulta pública para definir qué es lo que los ciudadanos consideran como corrupción. La idea levantó comentarios en contra desde el inicio. | RAFAEL PACHECO

“No se cuenta con datos estadísticos para opinar si la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito se ha quedado corta en materia de condenas”.

Así, la Procuraduría General de la República (PGR) desarmó las críticas que la Presidencia de la República dirigió a esa normativa para justificar una consulta a través de Internet, con la cual busca que la ciudadanía le defina qué es corrupción.

Fue la viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, quien, el 6 de setiembre pasado, reprobó los resultados de la Ley N.° 8422, la cual entró en vigencia en octubre del 2004.

Según Zúñiga, al analizar la aplicación de la norma anticorrupción les saltó a la vista que “el porcentaje de gente que ha sido procesada bajo esa ley es mínimo”, lo cual, dice la Procuraduría no hay forma de sustentar por la ausencia de datos.

Pero para la funcionaria del Gobierno, los resultados en prevención, detección y sanción de la corrupción, objetivos de la misma ley, tampoco son para celebrar desde su entrada en vigor.

“De nada vale una ley que, a final de cuentas, no logre el objetivo, que sus acciones no hayan logrado llegar a nadie”, subrayó.

Otro criterio. Empero, ante una consulta de La Nación , la Procuraduría, además de señalar la carencia de datos que permitan juzgar la ley anticorrupción, afirmó que, de ser cierta la tesis de la viceministra, no necesariamente sería por problemas de la ley, sino debido al sistema en general.

Aun así, respondió la PGR, es necesario que se realice una revisión integral para poder sustentar una afirmación similar.

El órgano jurídico aclaró que tiene mapeada la corrupción en el sector público, pues continuamente brinda capacitación a los funcionarios e integra equipos de análisis de la ley, de los que salen sugerencias de modificaciones.

La PGR también defendió su mando en la materia, al citar que fue nombrada por el propio Estado como autoridad central ante los mecanismos de la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, “sin dejar de lado la cooperación técnica sobre aspectos de corrupción que se le está brindando al país en el proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”, destacó la Procuraduría de la República.

Otras voces también dirigen críticas a la idea de Zapote de recoger insumos para definir qué es corrupción.

Tal es el caso del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En un comentario que publicó, este domingo, en la sección Opinión de este diario titulado “Corrupción según el PAC”, Solís dijo que el partido que actualmente gobierna conceptualizó, definió y operativizó el tema de la ética en la función pública desde su fundación, en el año 2000.

Para el legislador, no aplicar ese marco ya construido sería darles el gusto a los partidos tradicionales de que digan que el PAC engañó al país.

“No comencemos a esta hora a construir la definición de corrupción, lo cual, en todo caso, solo sería excusa para posponer y obviar el cumplimiento de los rigores éticos que prometimos”, pidió el legislador oficialista al gobierno de Luis Guillermo Solís.