Por: Natasha Cambronero 9 noviembre, 2016
El procurador penal Randall Aguirre junta a la fiscala Greyssa Barrientos en el juicio contra el PAC, ante el Tribunal Penal de San José.
El procurador penal Randall Aguirre junta a la fiscala Greyssa Barrientos en el juicio contra el PAC, ante el Tribunal Penal de San José.

La Procuraduría General de la República pidió al Tribunal Penal de San José condenar al Partido Acción Ciudadana (PAC) a pagar una indemnización de ¢859 millones, en favor del Estado, por una presunta estafa cometida contra el TSE con la deuda política del 2010.

El abogado del Estado hizo la petitoria este miércoles en el juicio que afronta la agrupación de Gobierno por cobrar facturas aparentemente falsas, luego de las elecciones nacionales de ese año.

Se trata de 263 contratos por servicios especiales de personas que habrían trabajado de manera gratuita en realidad, que del todo no se ejecutaron, o bien, que obedecieron a una labor distinta. Todos fueron incluidos en la liquidación de gastos que el PAC presentó al Tribunal Supremo de Elección (TSE) y por los cuales obtuvo un reembolsó de ¢516 millones, procedentes de la contribución nacional.

El PAC figura como responsable solidario en ese caso, en que el están siendo imputados Maynor Sterling Araya, quien para el 2010 era tesorero del partido, y Manuel Antonio Bolaños Murillo, quien desde entonces es empleado de la sede central de este grupo político.

Si el Tribunal acoge la solicitud de la Procuraduría, tanto la agrupación rojiamarilla como los imputados deben asumir el pago de los ¢859 millones, dijo a La Nación, el procurador penal Randall Aguirre.

La suma que pide el abogado del Estado corresponde al monto presuntamente estafado (¢516,6 millones), los intereses (¢205 millones) desde que el PAC recibió el dinero, el daño social (¢60 millones) y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial (casi ¢78 millones).

El abogado del PAC y de Bolaños, Ronny Guevara, afirmó que tal solicitud no tiene sustento probatorio y que la Procuraduría está pidiendo por gastos del juicio una suma que no es real.

“Nos parece no tiene un sustento probatorio, principalmente porque ni siquiera el mismo procurador logró llevar a todos los testigos con los que iba a probar ese monto (los ¢516 millones), un papel no demuestra una falsedad, es antijurídico que le pida al Tribunal cuando los testigos que el ofreció para probar eso no lograron llegar (llegaron unos 150 de los 263)”, expresó Guevara.

Ayer martes, el Ministerio Público pidió almismo Tribunal las sanciones penales para los dos imputados. Para Sterling solicitó ocho años de prisión y, como medida cautelar mientras se realiza la etapa de apelaciones, seis meses de prisión preventiva.

En el caso de Bolaños, el castigo pedido es de 3 años de cárcel y que se le conceda el beneficio de libertad condicional de la pena.

La Fiscalía considera que el extesorero fue quien orquestó el “plan delictivo” desde la cúpula del PAC y que Bolaños fue el “instrumento idóneo” para ejecutar la maniobra, pues era la persona que estaba en contacto frecuentes con las bases, en todo el país.