San José
La Procuraduría de la Ética Pública remitió el viernes 26 de agosto, a Casa Presidencial, sus conclusiones sobre el intento de cinco miembros de la junta directiva del Banco Nacional (BN) por autonombrarse en las cúpulas de tres de las cuatro empresas subsidiarias del BN, lo que les habría acarreado mayores pagos de dietas.
El informe fue enviado para que Zapote tome las medidas que considere pertinentes.
Por escrito, la Procuraduría comunicó este lunes que no puede revelar los pormenores del informe porque debe guardar confidencialidad por mandato de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Esa norma establece que son confidenciales la información, documentación y otras evidencias que puedan dar pie a la apertura de un proceso sancionatorio.
Añadió que la investigación será confidencial hasta que la autoridad respectiva, en este caso el Consejo de Gobierno, emita una resolución final. El presidente Luis Guillermo Solís y sus ministros tendrán su reunión semanal este jueves, confirmó la Presidencia, pues el gobernante estará en gira por la provincia de Limón hasta este miércoles por la tarde.
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Casa Presidencial confirmó que el Consejo de Gobierno recibió el informe y que, con este, se dará continuidad a otro proceso investigativo que abierto desde el 1°. de marzo.
En febrero pasado, La Nación publicó que cinco de los siete directores del Nacional intentaron acaparar los puestos en las directivas de tres de las cuatro subsidiarias del banco.
El 25 de enero, Ana Isabel Solano (presidenta), Jorge Méndez, Víctor Carranza, Jennifer Morsink y Luis Pal modificaron la composición de las directivas de las sociedades anónimas para autonombrarse en estas.
Se opusieron Jeannette Ruiz y Víctor Ramírez; ellos no solo votaron en contra, sino que renunciaron a los cargos que se les asignaron en las subsidiarias.
De ratificarse los autonombramientos, Pal y Méndez habrían participado en cuatro juntas directivas, por ejemplo, mientras que Ana Isabel Solano en cinco, incluida la del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), del cual el BN es socio.
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Los directores habrían recibido ¢202.800 por cada sesión de junta en las subsidiarias, que se reúnen al menos dos veces al mes.
La decisión no quedó en firme, pues fue sometida a revisión. Los cinco directores renunciaron a los cargos el 10 de marzo.
Solano, Carranza, Méndez y Pal renunciaron a las subsidiarias, según comunicó el banco, con el objetivo de que no haya interferencias en la investigación que ordenó el Gobierno a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por el caso relacionado con sus autonombramientos.
Posteriormente, a principios de agosto, trascendió que la Fiscalía abrió una investigación contra los directores del Nacional por presunto peculado.
El 22 de julio la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción pidió a la Auditoría Interna del banco la información relacionada con el caso, solicitud en la que se detalló que está abierta una investigación penal por presunto peculado.