La Procuraduría de la Ética le achaca dos faltas éticas a la presidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora, pues siendo directiva de la institución, defendió judicialmente a un hermano en una demanda entablada por el propio banco contra él.
Según un informe de la procuradora Lissy Dorado, esos hechos podrían tipificar como una infracción al deber de probidad y al principio de imparcialidad.
El reporte AEP-INF-022-2015 que Dorado envió a Casa Presidencial el pasado 30 de noviembre fue el que derivó en la apertura de un proceso administrativo en contra de Mora.
En dicho documento se concluye que la jerarca habría incurrido en un “evidente conflicto de intereses” y que con su actuar se habría desviado de los objetivos del BCR, “por representar, defender y proteger intereses de una parte demandada por el Banco de Costa Rica que además, revisten un carácter personal y directo”.
Antecedente. A Mora se le atribuyen esas faltas luego de que, el 7 de abril del 2014, cuando inicialmente fue nombrada como vicepresidenta del Banco, ella también figuraba como representante legal de su hermano (ya fallecido) en un proceso ejecutivo hipotecario que esa entidad financiera interpuso en 1999 por una deuda que, en ese entonces era de casi $76.000 (¢41.000.000) .
Ella renunció a esa representación casi dos meses después de su designación, el 2 de junio, ante el Juzgado Especializado de Cobro de San José.
Investigación. Tras conocer el informe de la Procuraduría, hace 15 días, el Consejo de Gobierno acordó investigar los hechos señalados para determinar si Mora debe ser sancionada. Tal tarea fue encomendada a la secretaria de ese órgano, Xinia Chacón.
El acta de la sesión de ese día, 8 de enero, indica que se acordó “determinar si existen hechos generadores de responsabilidad administrativa y, posteriormente, valorar si pudiera corresponder la imposición de alguna sanción administrativa en eventual perjuicio de la señora Paola Mora Tumminelli”.
Por su parte, Mora negó tener conocimiento del proceso y se abstuvo de referirse al caso.
“Desconozco si el Consejo de Gobierno ha girado instrucción alguna referente a la apertura de algún procedimiento, por lo que hasta este momento no he recibido ningún documento oficial sobre proceso alguno en mi contra”, expresó la jerarca en un correo electrónico.
No obstante, Mora fue enfática en que ese tipo de procedimientos son confidenciales y no necesariamente son para imponer sanciones, sino para aclarar.
De comprobarse las faltas éticas, la presidenta de la Junta Directiva del BCR podría ser separada del cargo sin responsabilidad patronal.
Y, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, también podrían afrontar causas civiles y penales.