Por: Natasha Cambronero 3 noviembre, 2015
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reafirmó su compromiso con el sector municipal, y criticó la posición de los alcaldes que ya no quieren el 10% de los ingresos del Ejecutivo. | CREDITO FOTOGRAFO
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reafirmó su compromiso con el sector municipal, y criticó la posición de los alcaldes que ya no quieren el 10% de los ingresos del Ejecutivo. | CREDITO FOTOGRAFO

Bajo el alegato de que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es "inapelable y de carácter obligatorio", el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pidió a la Sala IV rechazar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que él firmó para legalizar la práctica de fecundación in vitro (FIV) en el país.

En su criterio, los magistrados deben dar como válida esa reglamentación, suscrita el 11 de setiembre pasado, en acatamiento a la sentencia del 28 de noviembre del 2012, cuando el alto tribunal condenó al Estado y le exigió aplicar la FIV.

"No es factible cuestionar la sentencia (...). Para Costa Rica, la obligación de cumplir con la sentencia es un asunto de orden constitucional", adujó Solís a la Sala Constitucional, junto a los ministros Sergio Alfaro, de la Presidencia, y Fernando Llorca, de Salud, según un comunicado de Casa Presidencial.

Ese fue uno de los seis argumentos que utilizó el Poder Ejecutivo para desacreditar la acción interpuesta por los diputados Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Gonzálo Ramírez, de Renovación Costarricense; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, y Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Solís también afirma que dicho decreto no violenta el derecho a la vida, como alegaron los legisladores, pues considera que ese "conflicto jurídico" quedó zanjado con el fallo condenatorio de la Corte, de hace tres años.

Negó además que ese decreto, suspendido temporalmente por la Sala IV mientras resuelve la acción, afectara el principio de participación ciudadana, o bien, que modificara la regulación actual del derecho de la familia con respecto a la paternidad y a la afiliación.

Igualmente, en la respuesta enviada a los magistrados, el Gobierno rechaza que se haya afectado el principio de separación de poderes y el de autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"El Estado está obligado a brindar asistencia médica para atender la infertilidad, como enfermedad del sistema reproductivo. No se controló ni alteró la autonomía financiera y de gobierno de la CCSS", añade la nota de prensa.