Por: Natasha Cambronero 10 septiembre, 2016

El presidente del ICE, Carlos Ml. Obregón, se negó a contestar preguntas en persona sobre la hidroeléctrico Toro III. Por escrito, defendió la selección a dedo de la empresa GIP como unidad ejecutora, así como los costos:

En la sesión de la junta de adquisiciones del ICE, del 31 de mayo del 2007, usted asistió como subgerente de Electricidad. Ese día se decidió realizar el fideicomiso de Toro III con el BCR. Aunque era satisfactoria, se excluyó la propuesta del Banco Nacional porque excluía la opción de contratar una unidad ejecutora; pedía ser parte activa en todo el proceso de estructuración del proyecto, lo cual fue catalogado como no conveniente, pues ya Jasec había contratado a GIP para esa función. ¿No era mejor inclinarse por el BN y ahorrarse esa contratación de $6 millones?

En la sesión a la que usted hace referencia, no se decidió sobre el fideicomiso de Toro III. En dicha sesión se aprobó el fideicomiso para la planta Térmica Garabito.

”Sobre la escogencia del fiduciario para Toro III, se resalta que, a pesar de que el criterio legal indicó que el fiduciario se puede contratar directamente, se procedió con un proceso de selección cuyo resultado fue favorable al BCR, siendo uno de los elementos influyentes el costo de los honorarios; el Banco de Costa Rica hizo una oferta inferior a la del BN. Es erróneo que se hubiese obtenido un ahorro de $6 millones”.

GIP recomienda la contratación de una unidad ejecutora y, cuatro años después, recibe de forma directa la contratación. ¿Le parece a usted correcto que una firma que recomendó la contratación de una unidad ejecutora, y que a la vez hizo una estimación de los honorarios, reciba una contrato de forma directa y sin concurso por $6 millones?

En el 2007, cuando GIP estructuró el financiamiento del proyecto, el objetivo fue ver la viabilidad de financiarlo en el mercado de valores. Bajo ese objetivo se formularon estimaciones para todos los rubros necesarios, por ejemplo, costo financiero de las emisiones, costo de las calificadoras de riesgo, costo de la administración de la unidad ejecutora, costos de la Superintendencia General de Valores, costo de la comisión de los puestos colocadores de las emisiones, entre otros. Todo lo anterior se formula con base en supuestos y bajo la experiencia tenida por el grupo en proyectos anteriores. En ningún momento, se definió el monto de honorarios que cobraría la unidad ejecutora, ni tampoco se había definido que la unidad ejecutora iba a ser GIP. En todo caso, el costo de la unidad ejecutora por la administración de ese proyecto fue de 0,71 % en relación al costo de la obra. Este porcentaje está muy por debajo del 4 % que admite como razonable La Nación en su editorial “Nuevos medios para ejecutar obra pública”, del viernes 26 de junio del 2015.

La Auditoría del ICE, en octubre del 2012, cuando usted ya integraba el comité de vigilancia y tenía conocimiento de los informes de la Auditoría, señaló que no hubo razonabilidad en los honorarios. ¿Son razonables los $60.000 mensuales que se le acordó pagarle a GIP en la etapa preoperatoria y $30.000 al mes en la operatoria?

En efecto, en octubre del 2012 yo era miembro del Comité de Vigilancia del Fideicomiso Toro III; sin embargo, el informe que usted cita es un documento interno del ICE, al cual ni mi persona ni el Comité de Vigilancia de Toro III tuvimos acceso.

”No obstante, dicho informe fue ampliamente contestado por el ICE mediante carta 0610-224-2012 del 7 de noviembre de 2012. Dicho informe indica: ‘La contratación de GIP Ltda. se ha basado en el cumplimiento de los principios de contratación administrativa, especialmente motivada y fundamentada en criterios técnicos que respaldaron su idoneidad. Los costos de dicha contratación se consideraron razonables teniendo claro las funciones y responsabilidades atribuibles a una unidad ejecutora en los fideicomisos de gran envergadura como el del PH Toro III”.