Informe: relación implica un riesgo para la estabilidad financiera del país

Por: Gerardo Ruiz R. 15 julio, 2016
La Procuraduría advirtió al Consejo de Gobierno, el 17 de mayo, que el conflicto de interés potencial en que incurre el presidente del BCCR, Olivier Castro Pérez, no está sancionado en la Ley Orgánica del ente emisor, por lo que recomendó impulsar un cambio a la norma. | RÓNALD PÉREZ
La Procuraduría advirtió al Consejo de Gobierno, el 17 de mayo, que el conflicto de interés potencial en que incurre el presidente del BCCR, Olivier Castro Pérez, no está sancionado en la Ley Orgánica del ente emisor, por lo que recomendó impulsar un cambio a la norma. | RÓNALD PÉREZ

La Procuraduría de la Ética advirtió de que el presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Olivier Castro Pérez, está inmerso en un potencial conflicto de intereses por el hecho de que su hijo, Daniel Castro Acuña, es el director jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Según la Procuraduría, “ineludiblemente” Olivier Castro genera, maneja y conoce “de primera mano” información confidencial y privilegiada que incide en los 15 bancos representados en la ABC.

Se trata, por ejemplo, de decisiones sobre la fluctuación del tipo de cambio y las tasas de interés, así como la definición de las políticas monetaria y bancaria del país.

El informe de la Procuraduría, que surgió a raíz de una denuncia –no dice de quién–, explica que el lazo familiar entre Castro y su hijo genera un “riesgo relevante para el ejercicio imparcial y correcto del cargo de presidente del BCCR”, institución encargada de dictar la política macroeconómica del país.

Si bien la investigación no recoge indicios de que alguna actuación del presidente del Central haya violado sus deberes éticos, insiste en el riesgo, pues considera “evidente” el interés que pueden despertar las decisiones del Central en la ABC, grupo que vela por asuntos que conciernen a bancos públicos y privados.

Entre los bancos afiliados a la ABC están Citi, Improsa, BCT, Cathay, General, BAC, Nacional, Popular, Davivienda, Promérica, Scotiabank, Lafise, Prival Bank, de Costa Rica y Bancrédito.

Daniel Castro (36 años) inició funciones como director jurídico de la asociación bancaria en octubre del 2014, cinco meses después de que su padre asumió la presidencia ejecutiva del Central, en mayo del 2014, con la llegada del presidente Luis Guillermo Solís.

Consultado al respecto, Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, afirmó que Daniel Castro no tiene contacto con el BCCR dentro de sus funciones.

“Para evitar cualquier conflicto de interés, el licenciado Castro no ha participado, ni participa, ni participará en el manejo de las relaciones de la Asociación con el Banco Central. Estas relaciones son gestionadas por la Presidencia y el equipo de asesores”, dijo.

Al preguntársele desde cuándo se inhibe de tener contacto con el BCCR, Gómez respondió que no es parte de sus funciones relacionarse con la institución que dirige su padre.

La Nación pidió desde el miércoles una entrevista con Olivier Castro. Sin embargo, este jueves la oficina de prensa del BCCR indicó que no la concedería por no tener espacio en su agenda.

A la Presidencia. El informe de la Procuraduría fue remitido al Consejo de Gobierno el 17 de mayo, en vista de que ese órgano es el encargado de nombrar al presidente ejecutivo del BCCR.

La procuradora Tatiana Gutiérrez, quien firmó el oficio AEP-AR-001-2016, advirtió al presidente Solís y a su gabinete de que el nexo entre familiares obliga a considerar los asuntos de interés de uno como si fueran propios del otro. Es decir, que los intereses personales que ocupan a Castro Acuña en la ABC afectan la función de su padre en el BCCR, explicó el documento.

El documento pide al Gobierno impulsar una reforma legal para impedir este tipo de conflictos, en vista de que la ley actual del Banco Central no lo prohíbe.

La Procuraduría añade que el posible roce también alcanza a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), institución que emite las reglas de autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia del sistema financiero.

Así lo señaló en vista de que la Sugef es supervisada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del cual forma parte el presidente ejecutivo del BCCR.

La página web del Conassif indica que Olivier Castro integra la principal junta con el objetivo, precisamente, de ver asuntos relacionados con la Sugef, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Pide reducir el riesgo. En su legajo entregado al Consejo de Gobierno, la procuradora Gutiérrez señala que existe el riesgo de que “el potencial conflicto de intereses” se manifieste “mediante la comisión de conductas contrarias a deberes funcionales y lesivas del interés público, como lo serían: el eventual abandono de la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio del cargo, la divulgación de información privilegiada, el eventual favorecimiento de intereses privados, la posibilidad de tráfico de influencias o de aprovechamiento indebido del cargo”.

Agrega que “es preciso referir la gravedad de las consecuencias en términos de la afectación al interés público que podría generar la eventual comisión de una conducta irregular de las comentadas, por parte de la Presidencia del BCCR, al estar de por medio asuntos públicos a su cargo, y del Conassif, de una trascendencia tal que pueden influir o afectar la estabilidad financiera y económica del país”, dice Gutiérrez.

Para la institución que vela por la ética, las situaciones que debilitan la confianza pública en la gestión administrativa son inaceptables. Pero, consideró que lo son aún más, si se trata del sistema financiero, por su impacto en el funcionamiento del país.