Por: Natasha Cambronero 14 junio
El presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, junto a su directora de despacho, Laura Chaves, y el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa.
El presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, junto a su directora de despacho, Laura Chaves, y el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa.

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, se comprometió este miércoles a no exigirle más dinero a los contribuyentes para salvar las finanzas de su sistema de pensiones, las cuales alcanzan hasta ¢9,8 millones mensuales pero tienen un déficit de ¢5,3 billones debido a las ventajas que ofrece.

Chinchilla aseguró que el Poder Judicial se sostendrá por sí mismo y, para ello, acatará las recomendaciones que arrojen los estudios actuariales que la Universidad de Costa Rica (UCR) realiza sobre el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

"Nos comprometemos a respetar todos y cada uno de los parámetros que ellos nos den al final", dijo el magistrado en la comisión especial de Pensiones del Congreso, donde compareció está mañana. En ese foro se discute una reforma legal para equilibrar las finanzas de estas jubilaciones.

El nuevo jerarca de la Corte insistió en que el fondo de pensiones del Poder Judicial se puede financiar por sí solo y que no se requerirá tomar recursos del Gobierno Central para pagar sus beneficios futuros. Adujo que así lo demuestran las primeras cinco entregas del estudio actuarial-matemático de la UCR.

"No le vamos a quitar el dinero de los ciudadanos costarricenses. (El régimen) va ser sostenible por sí mismo", expresó el magistrado.

Chinchilla le pidió a los diputados que no tomen ninguna decisión sobre el régimen de jubilación mientras el Instituto de Investigaciones en Ciencias Economías (IICE) de la UCR no concluya el estudio, lo cual está previsto para más tardar el 30 de este mes.

"Mi ruego es para que esperemos a la última entrega (del IICE de la UCR) para tomar una decisión (a finales de mes)", expresó Chinchilla en compañía de su colega Celso Gamboa, quien aseguró que llegó a la comparencia para "hacerle porras".

Un primer proyecto de ley, elaborado por los gremios del Poder Judicial, solo taparía ¢1 billón de los ¢5,3 billones que se necesitan para cubrir los beneficios futuros de las pensiones judiciales, que incluyen, por ejemplo, una pensión equivalente al 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios (en la CCSS se otorga el promedio de los últimos 240 sueldos). Por tanto, los actuarios ya presentaron otras propuestas con cuatro escenarios.

Chinchilla se inclina por los escenarios 3 y 4 que proponen los actuariales. En ambos, se eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años, así como los años de servicio que debe cumplir un funcionario de 30 a 35.

En el tercer escenario, el jubilado recibe una pensión equivalente al 72,5% del último salario, en lugar del 100%. La cuota de contribución del salario se mantiene en un 11% (el Poder Judicial aporta otro 14,36% y el Estado, un 1,24%).

En el cuarto escenario, la pensión equivaldría al 85% del último salario, pero la cotización para los trabajadores activos se elevaría de un 11% a un 15%.

Ambas opciones también tocan a quienes ya están jubilados, mediante el cobro de una contribución solidaria, la cual equivaldría, en el tercer escenario, a un 50% del excedente sobre el monto que se fije como límite para las futuras pensiones. La expresidenta de la Corte, Zarela Villanueva, se jubiló con una pensión de ¢9,8 millones mensuales. Si el tope quedara en ¢4 millones, ella tendría que aportar la mitad de los ¢5,8 millones que exceden ese límite, es decir, ¢2,9 millones.

En el cuarto escenario, a manera de aporte solidario, también se subiría la cotización de los ya pensionados de un 11% a un 15% del ingreso mensual.

Según Chinchilla, esos dos escenarios aseguran la sostenibilidad del régimen por 100 años.

Antes de entrar a esta parte del análisis, los diputados discutieron un proyecto de la Superintendencia de Pensiones (Supén), con el cual los contribuyentes habrían terminado cubriendo ¢1,3 billones del déficit con sus impuestos al Gobierno. Luego, la Corte Plena se opuso.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, durante su comparecencia en la comisión legislativa especial sobre pensiones.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, durante su comparecencia en la comisión legislativa especial sobre pensiones.

Error con depósitos judiciales. Carlos Chinchilla también se pronunció sobre la intención de utilizar un fondo de ¢13.500 millones de depósitos judiciales abandonados por más de 10 años, como una fuente de financiamiento del régimen de pensiones de la Corte.

Al respecto, aseguró que fue un error haber contemplado esos recursos para ese fin y aprovechó para manifestarse a favor del proyecto de ley que trasladaría esa suma al fondo de pensiones del Régimen no Contributivo (RNC), bajo la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ese plan se dictaminó afirmativamente ayer en la Comisión legislativa de Asuntos Sociales y puede pasar para su aprobación final en el Plenario. Fue presentado por la diputada de Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk.

Añadió que, ante una consulta de ellos, el IICE les aseguró que la no utilización de esos ¢13.500 millones no afecta al régimen.

"Me parece fantástico que esos recursos se eliminen. Apoyo al proyecto de la diputada Sandra Piszk y aprovechó para felicitarla por la presentación de ese proyecto. Ojalá se apruebe por unanimidad en el Plenario. Cuenta con mi total y absoluto apoyo. Esos recursos merecían un fin mejor, la ayuda social".

"(Eliminar esos recursos del régimen del Poder Judicial) no tiene el menor impacto, si eso se elimina no afecta en absolutamente nada. Si no hubiera dicho eso el IICE también lo hubiéramos eliminado. (Esos recursos) merecen un fin mejor".

"Ya no van a formar parte del fondo. No le vamos a quitar el dinero a nuestros ciudadanos. El erario público no se va a ver afectado", se comprometió Chinchilla.

En una nota con fecha de 9 de junio, el centro de investigaciones de la UCR acotó: "La inclusión de esos dineros no afecta en forma significativa los resultados de balance actuarial de los escenarios presentados en el producto 5. En otras palabras, los resultados de solvencia actuarial para los escenarios planteados no se alterarían si esos fondos fuesen excluidos de los cálculos actuariales realizados".