Las policías tributarias y judiciales extranjeras tendrían un acceso más directo a las cuentas de los bancos y otras entidades financieras costarricenses, si se aprueba el proyecto de ley número 18.966.
La iniciativa incorpora un artículo 106 quáter al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para eliminar la necesidad de pedir permiso a un juez cuando una administración tributaria extranjera requiera información de cuentas en entidades financieras nacionales.
También se podrá pedir, con esta norma en vigencia, información a entidades no bancarias que manejan datos financieros de sus clientes.
El permiso se aplicará, exclusivamente, para gobiernos con los que Costa Rica haya firmado tratados de intercambio de información tributaria y que dichos acuerdos hayan entrado ya en vigencia.
Convenios. A la fecha, los diputados han aprobado convenios de intercambio de información financiera con 13 países, entre ellos, Argentina, Australia, Canadá, México, Holanda, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Aún están pendientes de debate los acuerdos con Ecuador y Sudáfrica.
Pese a que el plan había sido dictaminado en abril del 2014, al final de la administración de Laura Chinchilla, el gobierno de Luis Guillermo Solís pidió varios cambios, todos aprobados ayer en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Según los miembros del foro legislativo, el Ministerio de Hacienda solicitó la aprobación de esta iniciativa legal como requisito para que Costa Rica pueda concursar para el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.
El presidente de Hacendarios, Ottón Solís, explicó que a la vez, este proyecto de ley ayudará a mantener alejado a nuestro país de cualquier calificación como paraíso fiscal.
De hecho, la iniciativa es parte de las acciones que emprendió Hacienda desde el 2009 para salirse de la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE y luego, en el 2011, apartarse de la lista gris.
Esa organización incluye, en esas nóminas, a Estados cuyas leyes sean, en mayor o menor medida, propicias para el ingreso y resguardo de dineros de dudosa procedencia.
La liberacionista Paulina Ramírez y la socialcristiana Rosibel Ramos confirmaron el apoyo de sus fracciones a la iniciativa gubernamental, que ahora pasará a debate del plenario legislativo.