Plan dicta un plazo de nueve meses para renegociar acuerdo o se elimina beneficio

Por: Esteban Mata Blanco 2 abril, 2015

Un proyecto de ley del Partido Liberación Nacional (PLN) busca no solo limitar los beneficios salariales en el sector público, sino plantear una salida legal para que el Estado pueda dar fin a las convenciones colectivas.

El proyecto de ley 19.506 presentado por la diputada y exministra de Trabajo (2010-2012) Sandra Piszk, pretende restringir los rubros extra que gozan los empleados públicos gracias a las convenciones colectivas, las cuales se renuevan de forma automática cada año.

Ese tipo de renovación podría llegar acabar, ya que la propuesta de los liberacionistas, liderados por Piszk, es que, en caso de que el Estado denuncie una convención para buscar renegociarla, se active un plazo de nueve meses para que se lleve a cabo la discusión entre el patrono y los representantes de los trabajadores.

Si ese periodo de aproximadamente 270 días termina y no se ha logrado un acuerdo entre las dos partes, la convención expiraría.

La iniciativa de ley también prevé acabar con la diferencia en los años de cesantía que pueden gozar algunos empleados del sector público, al uniformar este límite en ocho años.

Si bien las huelgas en servicios públicos están prohibidas, los trabajadores las usan para defender sus convenciones colectivas. | MAYELA LÓPEZ
Si bien las huelgas en servicios públicos están prohibidas, los trabajadores las usan para defender sus convenciones colectivas. | MAYELA LÓPEZ

Giro total. Esas modificaciones son casi imposibles en la actualidad debido a que el Código de Trabajo establece, en su artículo 58, inciso e), que si no hay denuncia de la convención, esta se renueva de forma automática.

Por otro lado, aun denunciada la convención colectiva, los trabajadores no pierden sus beneficios, pues los cobija la última convención que estuvo vigente.

Y, más aún, si la denuncia la hicieren los trabajadores, deben representar al menos el 60 por ciento de la totalidad de miembros que tenía el sindicato que la firmó y, cuando la formula el patrono, requiere el aval del sindicato y, por lo general, no se logra.

Por ejemplo, la convención de Japdeva está denunciada desde noviembre pasado y a estas alturas no hay un acuerdo entre ese gremio portuario y patrono, por lo que los trabajadores siguen recibiendo sus beneficios.

Lo mismo sucede con otras convenciones que fueron denunciadas por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), la Imprenta Nacional y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Tanto Solís como el ministro de Trabajo, Víctor Morales, han señalado que la intención de esta administración es frenar los excesos en los beneficios laborales que otorgan las convenciones.

Sobre este tema, Piszk aceptó que los abusos con los privilegios (en algunos casos estos superan el 50% del salario base de cada trabajador), son una herencia de gobiernos liberacionistas y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que realizaron negociaciones perjudiciales para la Hacienda Pública.

Sin embargo, enfatizó que el proyecto de ley es una salida para resolver la situación.

En este sentido, la congresista estima que, de ser aprobados, estos cambios permitirán al Gobierno ordenar los beneficios de los empleados públicos.