El Partido Liberación Nacional (PLN) abre, este martes, las inscripciones de aspirantes a los cargos municipales que se elegirán en febrero, pero mantiene marginado a Johnny Araya, el verdiblanco más conocido en el nivel de gobiernos locales.
Con un conflicto que mezcla prisas y peleas entre tendencias y proyectos personales, el PLN mantiene la interrogante abierta en torno al exalcalde de San José y excandidato presidencial, quien, en este momento, está fuera de la agrupación en términos formales.
Aunque Araya mantiene una activa agenda de reuniones sobre la posibilidad de retornar a gobernar el cantón josefino, de momento, está vigente la expulsión por cuatro años que le impuso el Tribunal de Ética interno, dijo ayer el secretario general del Partido, Fernando Zamora.
Araya pretendía que la Asamblea Nacional del PLN congelara la sanción impuesta por retirarse de la campaña presidencial del 2014, pero la agrupación solo aceptó pedir a la Sala Constitucional resolver pronto una acción de inconstitucionalidad contra los artículos que sirvieron para castigar al excandidato.
Ahora, todo depende de la buena voluntad de los magistrados de la Sala IV, de apresurarse a emitir una resolución, pero nada garantiza que lo hagan antes de mitad de agosto, cuando las asambleas cantonales definan a los aspirantes con que competirán en los comicios del domingo 7 de febrero del 2016.
Araya perdió horas antes de la asamblea del sábado, parte del apoyo que tenía de ese órgano, incluido el de un sector de la bancada legislativa.
Al menos ocho diputados prefirieron apartarse el sábado de la moción que todos firmaron días atrás, a excepción del alajuelense Rolando González, exgerente de campaña de Johnny Araya.
“Yo tenía dudas sobre aspectos legales, políticos y mediáticos”, justificó González sobre el castigo, avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Otros se fueron separando. Es el caso de Julio Rojas, jefe de la fracción legislativa, y Paulina Ramírez, diputada y miembro de del Directorio que dirige José María Figueres, presidente del Partido y favorable a aplicar el castigo dictado por el Tribunal interno.
“Yo lo acompañé (a Araya) hasta un punto, pero el viernes le hablé y le mencioné el riesgo de una mayor tensión en el Partido, si seguíamos con la moción para congelar la sanción”, dijo Rojas.
Paulina Ramírez reconoció que hubo consideraciones políticas que la hicieron oponerse a congelar la sanción, considerada por Araya como un signo de “persecución política”.
La intención de Araya topaba, además, con el rechazo de la corriente liderada por el expresidente Óscar Arias, cuyo representante Alfredo Ortuño hizo manifiesta su posición ante el Directorio, contó Ramírez.