El proyecto para la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa ya consumió más de ¢1.400 millones en el diseño, los planos y el pago a los gestores de la obra.
Así lo explicó Francisco Acuña, director del Fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR) para la construcción del inmueble, quien detalló que está pendiente un pago por ¢400 millones para el contratista que hizo los planos, Javier Salinas.
Además del diseño, planos y gestión administrativa, el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa BCR/2011 ha pagado durante más de un año a la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), que es la empresa Novatecnia, la cual recibe ¢6 millones cada mes por dirigir el avance de las etapas.
Pese al desembolso de ese dinero, el ministro de Cultura, Manuel Obregón, rechazó el lunes otorgar los permisos para la construcción, al ratificar el criterio del Centro de Conservación del Patrimonio de que un edificio de 25 metros de alto y 170 de largo sería muy “agresivo” hacia varios inmuebles patrimoniales.
Entre esos edificios está el antiguo Colegio Sion, la Casa Rosada y la sede principal del Congreso, todos con declaración de patrimonio, más el Castillo Azul, que alberga la presidencia legislativa, el cual está en proceso de declaración como joya arquitectónica.
Acuña explicó que, ante la negativa del Ministerio de Cultura, la salida sería plantear un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo, para reclamar el permiso de esa cartera.
Los administradores del proyecto de nuevo edificio legislativo tenían previsto iniciar los trabajos entre marzo y abril, con las excavaciones y refuerzo de suelos, para evitar poner en riesgo edificaciones aledañas, propiedad de la Asamblea Legislativa.
Desafectación. Los diputados presentaron el martes un proyecto de ley para suspender la afectación de la Ley de Patrimonio (ley 7.555) sobre los terrenos y edificios legislativos.
El primer secretario del Congreso, Martín Monestel, explicó que la iniciativa tiene el apoyo de 41 legisladores. El Poder Ejecutivo, que establece los temas de discusión en sesiones extraordinarias, convocó el plan de ley ayer.
La intención de los diputados es eludir la orden del Centro de Patrimonio por la vía legal y aprobar el texto antes de terminar su paso por este Congreso, el 30 de abril.
Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, enfatizó que ayer recibieron muestras de solidaridad del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) para buscar opciones al “entierro de la obra” decretado por Obregón.