EscucharLos juicios civiles, en los cuales se disputan desde los bienes de un difunto y pleitos de vecinos por límites entre propiedades, hasta los daños de un choque o el incumplimiento de un contrato, puede tardar hasta 15 años en resolverse.
Un proyecto de ley para reducir a unos 24 meses su resolución, topó con una polémica que lo mantiene frenado en la Asamblea Legislativa, pese a que los diputados le dieron el primero de dos debates el pasado 23 de julio.
La discusión surgió por una alerta de la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado) sobre las consecuencias que tendría este plan si fuera aprobado tal y como lo propuso hace un año la Sala Primera del Poder Judicial.
Según la Procuraduría, el nuevo Código Procesal Civil permitirá a personas o grupos sin vínculo directo en un conflicto, tomar parte en este e, incluso, pedir medidas cautelares o interdictos en un juicio civil.
La Procuraduría también alerta sobre la introducción de un derecho demasiado amplio para que terceros asuman la defensa de intereses colectivos en un proceso.
El Ministerio de la Presidencia, que respalda este pronunciamiento, busca ahora la forma de rescatar el plan en aras de conseguir lo primordial: acortar el tiempo de un proceso.
Sin embargo, el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio se oponen a sacar del texto la defensa de intereses difusos.
Carmen Muñoz, jefa del PAC, enfatizó que el criterio de la Procuraduría llegó un mes y medio después de que se aprobó el proyecto de ley en primer debate.
José María Villalta, del Frente Amplio, exigió que se apruebe en segundo debate el plan y que entre en vigencia a la brevedad.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/ABSTJK6OGVBRZH54DW3CFDOE4A.jpg)
De aprobarse el proyecto de ley tal como está planteado en el Congreso, el pleito de un consumidor por encontrar un insecto en su comida o el reclamo de un cliente a un contratista por no construirle bien su casa se podrán hacer por la vía oral, aproximadamente durante dos años. | ARCHIVO. (Francisco Barrantes)
Para agilizar los juicios civiles, la Sala Primera propuso eliminar los procesos escritos y transformarlos solo en orales.
Al 30 de junio, el Departamento de Estadística del Poder Judicial, registraba 79.232 juicios civiles activos. De esos, 50.912 están en trámite y 28.320 en ejecución. En abril había 81.387 juicios civiles activos.
Portillo. El hecho de que cualquier ciudadano pueda presentar reclamos judiciales en casos entre particulares también preocupa a la Presidencia de la República, pues así se podrían detener construcciones de inversionistas privados en una nueva vía judicial, aparte de las ya existentes.
Carlos Ricardo Benavides, ministro de Presidencia, explicó que los ciudadanos ya tienen la opción de llevar un pleito ante la Sala IV, cuando hay sospecha de afectación ambiental.
Además, los ciudadanos tienen la vía contencioso-administrativa, que estudia posible afectación de un proyecto a los intereses nacionales colectivos.
Benavides puso como ejemplo el caso del proyecto minero Crucitas, que terminó cancelado en los tribunales contenciosos.
Ajustes. El magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, declaró que la reforma para agilizar el sistema es tan necesaria, que esa instancia aceptaría que se elimine el derecho de personas y grupos a defender derechos colectivos o difusos. “En la discusión entraron a jugar muchos otros factores, políticos, ideológicos, el número de votos. No podemos seguir en esa negociación”, dijo.
El jefe del Movimiento Libertario Danilo Cubero, confirmó que evalúan dos opciones para superar las objeciones: enviar el plan a comisión con un plazo y modificarlo, o cambiar los artículos cuestionados en el propio plenario y votarlo otra vez.
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gruponacion/6eaef365-0e2c-4772-9c30-ecfb5a22a480.png)