Bióloga Vivienne Solís sostiene que el proceso ha sido transparente

Por: Esteban Mata Blanco 22 febrero, 2016
La constante participación de la hermana del presidente Solís, Vivienne, en actividades del Gobierno ha desatado críticas. | FACEBOOK
La constante participación de la hermana del presidente Solís, Vivienne, en actividades del Gobierno ha desatado críticas. | FACEBOOK

Al presidente Luis Guillermo Solís no le sienta bien el tema marítimo. Acaba de salir chapoteando, luego de ser declarado enemigo de los tiburores y, ahora, salta una nueva polémica: los pescadores artesanales del Pacífico acusan a su hermana, Vivienne Solís, de secuestrar Incopesca, aprovechando su lazo filial con el mandatario.

Además de llevar los apellidos del presidente, Vivienne Solís es bióloga y fundadora de la cooperativa Coopesolidar, que coordinó, junto con el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), la consulta y redacción de un proyecto de ley para permitir la pesca de camarón con redes de arrastre, prohibida por la Sala IV en agosto del 2013.

Sin embargo, las mesas de diálogo coordinadas por Solís y su equipo a través de Coopesolidar, empezaron a presentar problemas en octubre pasado, al punto de que los pescadores artesanales de Guanacaste, Puntarenas y la zona sur se apartaron del proceso en medio de críticas en las que se le acusa de usar su posición, como hermana del presidente, para imponer sus criterios en Incopesca.

“Vivienne Solís Rivera, con un poder proveniente de ser la hermana del presidente de la República, que por ese solo hecho la convierte entonces en la nueva propietaria por 4 años del Incopesca, es la diosa Calipso o Tetis, manejando a su antojo la política pesquera y la directriz estatal, cuyo único objetivo es reactivar la pesca de arrastre del camarón, contraviniendo el voto de la Sala Constitucional”, apuntaron en una nota cinco organizaciones pesqueras de Puntarenas.

En un tono similar se expresaron otras organizaciones de Guanacaste y la zona sur, todos en notas con copia al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, al titular de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y al presidente de Incopesca, Gustavo Meneses.

Consultados sobre los señalamientos, tanto Meneses como Vivienne Solís rechazan las críticas sobre una supuesta ventaja en vista del lazo filial con el presidente de la República y apuntan que el trabajo en las mesas de diálogo coordinadas por Coopesolidar fue transparente, aunque no se lograra un consenso total.

“Como mujer y profesional en este país, exijo respeto y reconocimiento a mi trabajo profesional que no se inicia en el periodo político de esta Administración, sino que viene de antes y va a ir para mucho después”, afirmó la hermana de Solís.

“Creo que el señor presidente de la República, mi querido y respetado hermano, tiene el mejor equipo para llevar adelante su trabajo y tomar las mejores decisiones políticas”, agregó Solís.

Se intentó conocer la posición del mandatario Solís, por medio de su oficina de prensa, pero no respondió a la consulta.

Proceso. L a organización Flora y Fauna Internacional de Inglaterra financió a Coopesolidar con $85.000 para el trabajo de campo, que luego derivó en la propuesta de trabajo, la cual incluía una serie de “mesas de diálogo”, que, posteriormente, acuerpó este Gobierno mediante Incopesca y otras instituciones del Estado.

Fue en este proceso donde se dieron los choques con pescadores, organizaciones ambientalistas y un sector de la academia, que incluye el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica, quienes han cuestionado la validez del proceso y los términos de la iniciativa.

Los pescadores artesanales insisten en reclamar a Vivienne Solís y al Ejecutivo no permitir un proceso abierto de diálogo y alegan que el trabajo final del proyecto permite la pesca de arrastre, pese a los señalamientos de la Sala Constitucional.

Así quedó en evidencia en una nota de la Federación Nacional y Organizaciones de Pescadores Artesanal (Fenopea), en representación de los pescadores guanacastecos, enviada al presidente de Incopesca, el 4 de noviembre, en la que cuestionan la posición del Gobierno de mantener viva la actividad de pesca de camarón con redes de arrastre.

Dicha actividad, según ellos, pone en riesgo el sustento de 15.000 personas que dependen de esta, frente a 300 que se ven beneficiadas con la pesca de camarón, pero estos y otros reclamos no tuvieron efecto en el Gobierno.

Un voto contundente. En su voto del 2013, los magistrados decidieron prohibir la entrega de nuevas licencias de pesca de camarón con redes de arrastre, por considerarla una práctica insostenible, que amenaza con la estabilidad de la economía pesquera, ya que la técnica literalmente arrasa con todo lo que se pone en su camino y, de momento, no hay pruebas de que se pueda llevar a cabo sin dañar la riqueza marina.

La acción había sido presentada por seis organizaciones no gubernamentales, así como por grupo de pescadores artesanales, quienes afirmaban que la práctica pone en peligro la sostenibilidad de los recursos marítimos.

El fallo de los magistrados dejó en punto muerto a los camaroneros semiindustriales que trabajan con esa técnica, pues, conforme las licencias se van venciendo, la actividad se vuelve ilegal.

A la fecha solo quedan 18 licencias y se prevé que para 2018, todas estén vencidas.

De allí que Coopesolidar buscara la forma de redactar un plan que contara con la participación de sectores pesqueros, así como de expertos en temas ambientales y de la academia.

Aun así, las mesas de diálogo se dieron por terminadas, y el Incopesca presentó una propuesta de ley al Poder Ejecutivo, que fue presentada la semana anterior a la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica.