Por: Aarón Sequeira 7 junio
El derecho a la identidad es uno de los principales reclamos que hace la población trans, como lo hicieron ver durante la marcha de la diversidad, el 26 de junio.
El derecho a la identidad es uno de los principales reclamos que hace la población trans, como lo hicieron ver durante la marcha de la diversidad, el 26 de junio.

Dentro de poco, las personas trans podrán cambiarse su nombre de manera que, en su cédula, tengan uno que corresponda al género con el cual se sienten identificados, en lugar de solicitar al Registro que se les agregue un "conocido como", como ocurre hoy.

Este cambio será posible gracias al proyecto de ley dictaminado afirmativamente esta mañana en la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Votaron a favor Marcela Guerrero y Epsy Campbell, del PAC; Maureen Clarke y Sandra Piszk, del PLN; y Patricia Mora, del Frente Amplio.

"La iniciativa tiene como objetivo eliminar la incongruencia entre la cédula y el género de las personas transexuales", dijo la oficialista Marcela Guerrero, integrante del foro.

A pesar de que se les permite adoptar un nombre más acorde con su género, estas personas no pierden las responsabilidades y derechos que obtuvieron con su nombre anterior, el que se les puso al nacer, explicó la parlamentaria.

Pese a darles la opción de cambiar su nombre, el proyecto establece que el número de cédula no podrá modificarse bajo ningún motivo, para facilitar la identificación de las personas.

“La propuesta legal define los conceptos de identidad de género, género registral, identidad sexual e imagen de la persona", explicó Guerrero.

Añadió que, en cuanto a imagen, se explica así: "La forma en la cual se representa la persona solicitante ante el resto de las personas, es un rasgo determinante de su personalidad y, por ende, de su identidad".

Ahora que recibió el aval en ese foro parlamentario, la iniciativa de ley pasará al plenario para recibir los trámites finales.

Este es el primer expediente legislativo que tramita la comisión de Derechos Humanos en su último año de labores, luego de que este lunes decidieran sus miembros colocar en la presidencia del foro a la diputada liberacionista Maureen Clarke, acompañada en la secretaría por la oficialista Epsy Campbell.

No asistieron a la sesión de este miércoles Óscar López, del PASE; y Rosibel Ramos, del PUSC.

Este mes, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) también estudiará si suministra tratamientos hormonales a las personas trans, para que cambien su físico hacia el género con el que se identifican.

"Si hay algo que amenace la familia (entiéndase papá y mamá con hijos) o el matrimonio (hombre y mujer), se encontrarán con el rojito mío (mil mociones)". Abelino Esquivel, diputado de Renovación

Las personas trans denunciaban que, aunque tenga alguna validez legal, el "conocido como" no es respetado por los funcionarios públicos a la hora de hacer trámites, además de que les dificulta la obtención de puestos laborales.

Hoy, para que un ciudadano pueda cambiarse el nombre consignado en la cédula debe contratar un abogado y llevar el caso ante un juzgado civil.

En el caso de una persona trans, sin embargo, el cambio va más allá de un nombre, pues también representa el reconocimiento de su género, lo que, en última instancia, dependerá del criterio y la empatía de un juez.

Ese fue el caso de Beverly Esquivel, quien tardó dos años y medio acudiendo primero a los consultorios jurídicos públicos de Desamparados, luego a un juzgado de familia, y de ahí a uno civil.

Un año después de iniciado el proceso obtuvo una respuesta positiva, que luego una jueza revirtió porque el solicitante era un varón que quería cambiar su nombre por uno de mujer, a pesar de que los testigos confirmaron que su transición de género comenzó hace más de diez años

Esquivel incluso denunció a la funcionaria por discriminación, pues se negó a tratarla en femenino durante la audiencia.

Partido evangélico revisará con lupa

Abelino Esquivel, jefe de fracción del partido evangélico Renovación Costarricense, afirmó que no ve al proyecto como un tema que alarme. "Para eso no se requiere una ley. Eso no es un derecho humano, sino legal", dijo.

Sobre la llegada del proyecto al plenario, afirmó que revisarán el texto para "ver si hay frases camufladas, porque esos grupos son expertos en eso".

"Si hay algo que amenace la familia (entiéndase papá y mamá con hijos) o el matrimonio (hombre y mujer), se encontrarán con el rojito mío (mil mociones). Nosotros no nos hemos opuesto a las tonterías que ha hecho la CCSS ni a las tonterías que ha hecho el MEP y las de otros, en tanto no quieran adoctrinar a los que no piensan como ellos. El tema de esa comunidad es que es muy intolerante", dijo Esquivel.

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