Por: Esteban Mata Blanco 31 julio, 2014

El día había empezado como cualquier otro para el equipo del Tribunal Ambiental Administrativo que intentaba ubicarse entre sembradíos de arroz, en la difusa frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

Poco después de las 2 p. m. del martes, habían llegado al pueblo México de Upala, cerca de la línea divisoria, como parte de una inspección para verificar supuestos daños ambientales provocados por las plantaciones arroceras y de piña en esa zona.

El grupo de seis se había dividido y los dos Mitsubishi Montero en que viajaban marchaban despacio, ironías aparte, buscando su norte.

La señal GPS del celular del ingeniero Jorge Bonilla empezó a fallar. Los dos carros doble tracción con placas del Gobierno se detuvieron en medio de un lugar indeterminado. Además de Bonilla, iban el juez José Luis Vargas Mejía; el abogado y exministro de Turismo Allan Flores; la biotecnóloga Gabriela Nájera; el biólogo Juan Sánchez y el chofer Erick Sánchez.

Ninguno sabía dónde estaba la frontera, ni la línea de la finca que buscaban. Los potreros se confundías con los arrozales. Estaban totalmente perdidos. Era cuestión de minutos para que las autoridades de Nicaragua los detuvieran.

Cuando llegaron a una pequeña soda para preguntar dónde estaban, dos oficiales del Ejército del país vecino salieron y los encañonaron: “Nos dijeron que les diéramos las llaves de los carros, que estábamos en territorio nicaragüense, que el mojón estaba atrás”, relató Bonilla a La Nación .

Tras ocho horas de espera en un corredor, los funcionarios fueron avisados de que serían puestos en libertad. A eso de las 11 de la noche fueron trasladados al puesto fronterizo más cercano, donde fueron recibidos por miembros de la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el presidente del Tribunal Ambiental, José Lino Chaves. Ayer seguían intentando recuperar los carros.