Los nueve partidos con representación en la Asamblea Legislativa naufragaron en la búsqueda de un acuerdo para agilizar el trámite de proyectos de ley en el Congreso.
Se trata de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Renovación Costarricenses, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
LEA AQUÍ LOS PUNTOS EN LOS QUE LOS PARTIDOS ALCANZARON CONSENSO Y EN LOS QUE NO
Las agrupaciones no lograron consensuar ninguna reforma sustancial para asegurar la fluidez del debate legislativo, como garantizar un plazo adecuado a la discusión de las reformas legales.
Así ocurrió durante las rondas de negociación de un Acuerdo Nacional para construir un país más próspero para el 2021, año en que se celebra el bicentenario de la independencia de Costa Rica, el cual fue dado a conocer este martes.
Por mayoría, los partidos rechazaron reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa tendientes a regular el uso de la palabra "por el orden" en el Plenario, a fin de evitar su uso abusivo. Tampoco aprobaron reducir el plazo de las mociones de reiteración (último trámite para hacer modificaciones a los proyectos de ley antes de ser votados definitivamente en primer debate).
También se negaron a permitir que cada fracción tramite un proyecto de ley en forma acelerada, cada año, mediante el artículo 41 bis del Reglamento. Hoy, el uso de ese mecanismo es restringido.
Asimismo, no estuvieron de acuerdo en aumentar el número de firmas que se requieren para llevar un proyecto de ley a consulta de la Sala IV durante un mes. Actualmente, ese trámite que puede hacer con la rúbrica de 10 de los 57 legisladores.
Por último, se negaron a regular las mociones de avocación (mecanismo que permite devolver planes de ley desde las comisiones con potestad legislativa plena hacia el Plenario del Congreso) y a trasladar las labores administrativas del Directorio Legislativo a la dirección ejecutiva de la Asamblea.
Por el contrario, sí estuvieron de acuerdo en crear un procedimiento para la pérdida de credenciales de los diputados y en el establecimiento de sanciones administrativas en caso de faltas al deber de probidad, reforma constitucional que ya está en proceso.
Además, avalaron incluir la votación de proyectos municipales en un lugar preferencial una vez al mes; en fijar una fecha límite para tramitar la reelección de los magistrados; y en propiciar espacios adecuados para el debate político sobre temas de trascendencia nacional.
¿En qué consiste el acuerdo? El denominado acuerdo nacional fue convocado hace nueve meses —el 24 de octubre del 2016— por el diputado y fundador del PAC, Ottón Solís.
Los diálogos entre las agrupaciones fueron facilitados y liderados por Roberto Artavia, presidente de Viva Idea y de Incae Business School y Miguel Gutiérrez-Saxe, fundado y exdirector del Estado de la Nación.
En total, sobre la mesa se discutieron 91 propuestas sobre 11 grandes ejes temáticas, de las cuales 59 fueron aprobadas —43 por unanimidad y 16 por mayorías calificada—, y 32 fueron rechazadas.
Aún así, quienes se opusieron a alguna de las propuestas planteadas se comprometieron a no obstaculizarlos, según el comunicado que se repartió durante la actividad.
Partidos como el PLN, PUSC y PAC incluirán los puntos, en los que hubo acuerdo, dentro de los programas de gobierno de sus candidatos presidenciales y harán procesos de inducción con los futuros diputados para que también respeten los acuerdos. Así lo informaron los presidentes de esas agrupaciones Jorge Pattoni, Pedro Muñoz y Margarita Bolaños, respectivamente.
En el mismo sentido se pronunció la jerarca del FA, la diputada Patricia Mora, quien afirmó los acuerdos suscritos contarán con el apoyo de su partido, siempre y cuando también se respeten "los límites que nos determina nuestra madre tierra" y la repartición equitativa de la riqueza. Esas aclaraciones las hizo a solicitud de la Comisión política frenteamplista.
Las discusiones giraron en torno al futuro de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las finanzas del Estado, el empleo público, la administración del Estado y la simplificación de trámites y educación, así como la creación del Consejo Económico y Social, desarrollo regional, fortalecimiento del régimen municipal y una política nacional de empleo y cumplimiento de derechos laborales.
Artavia explicó que las propuestas que se discutieron fueron planteadas por expertos de la academia, del pensamiento y de la filosofía.
Él considera que el acuerdo que se firmó este martes debe servir como un instrumento para que la ciudadanía pida cuentas a los partidos si incumplen algunos de los compromisos asumidos en este documento.
En el acto de firma del acuerdo, en el salón de Expresidentes del Congreso, también estuvieron presentes la mañana de este martes, entre otras personas, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós y el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
A continuación algunos de los 59 acuerdos consensuados:
-El proyecto de conexión interoceánica, definida como una franja de tierra de aproximadamente 300 kilómetros con dos líneas ferroviarias para trasladar la carga desde un puerto en el cantón de La Cruz hasta Puerto Limón, y viceversa.
-La aprobación de una política que permita e incentive a las organizaciones públicas y privadas para que sus empleados, que sean padres y madres de niños y adolescentes, asistan cuatro horas laborales por mes a sesiones de capacitación en crianza y educación.
-Desplegar eficazmente el programa de ampliación de la red de cuido.
-Fortalecimiento de la inspección laboral mediante controles cruzados entre la CCSS, el INS, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las municipalidades.
-Crear el Consejo Económico Social.
-Los partidos políticos acuerdan declarar e impulsar las reformas correspondientes para resolver el tema fiscal mediante un acuerdo político sobre temas de ingreso y gasto público así como en la gobernanza fiscal.
-Desacelerar el crecimiento del gasto corriente a la vez que se protege la inversión pública y social.
-Integrar en el Mideplán una unidad encargada del ordenamiento del sistema del empleo público bajo un modelo de gestión enfocado en resultados y servicios útiles a los ciudadanos.
-Eliminar la inmunidad de miembros de los Supremos Poderes en el caso de delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Propuestas rechazadas
-Apoyar la renta global y la renta mundial
-En empleo público, la universalización de clases de puestos homogéneas, para todos las entidades públicas del Estado costarricense con base en el sistema de clasificación y valoración del Servicio Civil para el 2021
-Promover la sostenibilidad del seguro de salud mediante un acuerdo para el pago de las deudas del Estado con la CCSS