Candidatos consideran que digitalización genera mayor transparencia

 1 abril, 2014
La Secretaría de Gobierno Digital tiene sus oficinas en La Sabana, San José. Para octubre, de 293 instituciones estatales, solamente seis estaban registradas, y 21 se encontraban en proceso de unirse. | MARIO ROJAS/ARCHIVO.
La Secretaría de Gobierno Digital tiene sus oficinas en La Sabana, San José. Para octubre, de 293 instituciones estatales, solamente seis estaban registradas, y 21 se encontraban en proceso de unirse. | MARIO ROJAS/ARCHIVO.

Compras públicas, autorizaciones, instalación de empresas, solicitud de información.

Todos estos son los trámites que los dos candidatos a la presidencia de la República aseguran que pondrían en línea para facilitar la vida de los ciudadanos.

Así lo manifestaron Luis Guillermo Solís, postulante del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ambos consideran que el llamado Gobierno Digital da transparencia a la administración pública, además del ahorro en tiempo y dinero, tanto para los usuarios como para el Estado.

“Será de máxima prioridad (el Gobierno Digital). Partiendo de lo que ya tenemos, se puede mejorar”, adujo Solís.

También Johnny Araya –antes de retirarse de la campaña– exteriorizó su preocupación por el exceso de trámites que pide el Estado a una empresa o persona.

“Se debe fortalecer el Gobierno Digital para acercar al ciudadano y el Estado. También hay que fortalecer la descentralización y las Asociaciones de Desarrollo Comunal”, afirmó el aspirante verdiblanco.

Política pública. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital, entidad adscrita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuenta actualmente con tres herramientas.

La primera es “Datos Abiertos”, que guarda información para transparentar la acción de las instituciones públicas,.

“Crear Empresa”, como lo dice su nombre, permite inscribir empresas en línea.

La última se denomina “En Tiempo”, la cual vigila el cumplimiento de las fechas de entrega de licencias y permisos para evitar el exceso de trámites.

El problema es que para el último trimestre del 2013, solamente seis de 293 instituciones estaban registradas en Gobierno Digital, mientras que otras 21 estaban en proceso de integración.

Para la directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, Alicia Avendaño, es necesario implementar su aplicación como una política pública obligatoria.

“Como unidad ejecutora trasversal, se necesita que sea una política de Estado en manos del presidente”, exteriorizó.

En criterio de Sergio Alfaro, vocero del PAC en temas de anticorrupción y transparencia, “la ley es deseable, pero no indispensable”, pues mientras se aprobara una ley, el presidente podría actuar mediante decretos y directrices

“Así, el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas tendrían la obligatoriedad (de inscribirse)”, expresó Alfaro.

Luis Guillermo Solís prefiere conocer las implicaciones de la política pública antes de opinar si la apoyaría en un eventual mandato.

Según dijo, también le gustaría incluir al sector privado en este proceso contra la tramitomanía.

“Estamos de acuerdo en implementar una política pública. Colaboraremos en lo que sea pertinente” afirmó, por su parte, el diputado electo del PLN Rolando González y exgerente de la campaña verdiblanca.

A juicio de Alexander Mora, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), sí es conveniente darle fuerza legal a la integración de entidades.

“Hay que revisar la institucionalidad (del proyecto) y elevarlo a política de Estado. Se necesita que todos los poderes de la República se involucren para que esto pueda funcionar”, consideró.

Según él, al incorporar tecnología, el Estado podría transformarse si todas las partes se comprometen.

Las propuestas de las agrupaciones políticas que disputan la segunda ronda están disponibles en la aplicación web de La NaciónPalabra de Político .