PLN promueve cambios para regular los movimientos de protesta

Por: Aarón Sequeira 12 noviembre, 2015
El jefe del PAC, Marco Redondo (izq.), y el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, escucharon las observaciones que hizo Orlando Aguirre, presidente de la Sala II, sobre la Reforma Procesal Laboral. | LUIS NAVARRO.
El jefe del PAC, Marco Redondo (izq.), y el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, escucharon las observaciones que hizo Orlando Aguirre, presidente de la Sala II, sobre la Reforma Procesal Laboral. | LUIS NAVARRO.

La única salida que ven los diputados para la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral es quitar los artículos que permiten las huelgas en servicios esenciales, vetados por la expresidenta Laura Chinchilla, en octubre del 2012.

Para ello, tanto el Partido Acción Ciudadana (PAC) como el Frente Amplio, aceptaron que se mantenga la regulación de los movimientos de huelga tal como está hoy.

“El tema de fondo era la huelga en los servicios públicos. Bueno, ese tema está fuera de la discusión, porque sacamos la piedra gigante que estaba atravesada en el camino; en eso hay coincidencia absoluta”, manifestó el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora.

El jerarca participó en la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, ayer por la tarde, junto con Orlando Aguirre, el magistrado padre de la Reforma Procesal Laboral, y el excandidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, promotor del plan.

También Villalta confirmó la disposición de los legisladores de su partido para sacar los artículos vetados por razones de constitucionalidad, que permitían huelgas en servicios esenciales hospitalarios y de policía, entre otros.

“Tenemos bastante avance en reconocer que la solución más viable es quitar todo lo nuevo que mete la reforma procesal en materia de huelga en los servicios públicos y que se quede regulada como está hoy, con lo bueno, lo malo y lo feo. Es una salida salomónica que quitaría ese escollo”, aseguró el exlegislador Villalta.

Regulación. Aunque participa en el acuerdo con las demás fracciones legislativas, el Partido Liberación Nacional (PLN) pretende aprovechar la ocasión para imponer ciertas regulaciones a las protestas, entre ellas, la de establecer un número mínimo de empleados para ir a huelga.

El diputado Antonio Álvarez Desanti explicó que ellos quieren fijar un máximo de 24 horas para que los trabajadores vuelvan a labores, luego de que un juez declare ilegal una huelga y no las 48 horas que fija el proyecto.

“Nosotros creemos que hay que ponerle reglas a la impunidad de la huelga, que haya sanciones”, dijo el liberacionista.

Álvarez manifestó otra preocupación al padre del Procesal Laboral, el magistrado Aguirre, en relación con la posibilidad de que un sindicato pueda hacer reclamos en favor de los trabajadores de otra institución.

En ese sentido, el parlamentario busca dejar establecido que sea imposible, por ejemplo, para un sindicato de trabajadores de la educación, participar en huelgas solidarias con empleados de una compañía eléctrica.

La Reforma Procesal Laboral está en manos de la Comisión de Jurídicos nuevamente, luego de que la Sala Constitucional estableciera que la exmandataria Laura Chinchilla levantó erróneamente el veto que ella misma impuso por razones de constitucionalidad a esa iniciativa de ley.

El magistrado Aguirre aseguró que para la Corte Suprema de Justicia, es fundamental la aprobación del proyecto por los efectos que tendría en los juicios laborales, al acortar los procesos.

Aseguró que, actualmente, un juicio laboral podría durar hasta ocho o nueve años, pero la oralidad en los procesos los acortaría de manera significativa.