Por: Natasha Cambronero 13 marzo
El Partido Acción Ciudadana (PAC) logró el segundo lugar en las últimas tres elecciones presidenciales. Las contratos por los cuales la CCSS catalogó a la agrupación como morosa se suscribieron entre el 2006 y el 2010. | ARCHIVO
El Partido Acción Ciudadana (PAC) logró el segundo lugar en las últimas tres elecciones presidenciales. Las contratos por los cuales la CCSS catalogó a la agrupación como morosa se suscribieron entre el 2006 y el 2010. | ARCHIVO

El Partido Acción Ciudadana (PAC) pretende que el TSE le reembolse, con fondos públicos, ¢62 millones que debió pagarle a la CCSS por concepto de intereses moratorios.

Se trata de los intereses generados por un cobro de ¢465 millones que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) le hizo al partido de gobierno por cuotas obrero patronales que, en su criterio, no pagó entre el 2006 y el 2010.

El PAC alcanzó un arreglo de pago con la Caja en mayo del 2016, tanto por los ¢465 millones originales como por los ¢62 millones de intereses, el cual consiste en pagar en tractos a lo largo de 36 meses.

Y, al cobrar la deuda política del segundo trimestre del año pasado, la agrupación política le solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reembolsarle no solo el pago de la deuda, sino los intereses.

Sin embargo, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE rechazó la petición del PAC al considerarla improcedente, el pasado 16 de diciembre del 2016.

Esa oficina argumentó que, con recursos de la deuda política, solo se puede reembolsar intereses generados por créditos bancarios o asumidos con alguna institución supervisada por la Superintendencia General de Entidades Finacieras (Sugef).

Esa posición la sustenta con base en el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos y en una resolución del TSE, de junio de 1999, que señala: "Las multas e intereses moratorios son una consecuencia inmediata, prevista en la Ley Constitutiva de la CCSS, ante el no pago oportuno de cuotas obrero patronales. Esa sanción pecuniaria no es considerada en la legislación electoral como gasto reembolsable".

No obstante, el PAC no quedó conforme con el rechazo y presentó una objeción ante los magistrados el 16 de enero pasado, que aún no ha sido resuelta.

El secretario general a. i. del partido, Eduardo Solano, alegó que los criterios del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE no tiene asidero jurídico.

"El PAC considera que las razones de objeción en cuestión carecen de sustento legal debido a que la normativa electoral y financiera no establece una restricción o distinción de intereses por morosidad, pago de honorarios, gastos administrativos y costas procesales que le impida al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos el reconocimiento de estos rubros", expresó Solano en el documento presentado al Tribunal.

¿Por qué el cobro de la CCSS? La deuda del PAC con la Caja corresponde a cargas sociales que, en criterio de la aseguradora social, los rojiamarillos no pagaron por 490 profesionales y técnicos contratados durante casi cuatro años, entre julio del 2006 y marzo del 2010.

La institución también le achaca haber subdeclarado el salario de otros 25 empleados durante ese mismo lapso de tiempo.

La mayoría de las cuotas obrero patronales reclamadas corresponden al personal que el PAC contrató por servicios especiales para la campaña presidencial del 2010.

Por esos contratos, en diciembre del año pasado, la agrupación fue condenada por un delito de estafa mayor en perjuicio del Estado, cuando el Tribunal Penal de San José concluyó que la mayoría de personas que fueron contratadas por esa modalidad no recibieron ningún pago, sino que trabajaron por voluntariado y que, en algunos casos, el servicio del todo no se brindó. A pesar de eso, fueron cobrados al TSE.

Contra cobro de la CCSS. En la nota enviada por el secretario general del PAC al TSE, él también aprovecha para deslegitimar el cobro hecho por la CCSS. Aduce que la condición de morosidad no correspondía porque el cobro se fijó "de forma arbitraria al hacer una interpretación errónea en cuanto a la relación patronal" que hubo con los contratistas del periodo 2006-2010.

El PAC sostiene que nunca hubo una relación laboral, sino que fueron contratos por servicios profesionales donde no cabe el pago de cuotas obrero patronales.

Por eso, presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para traérselo abajo y solo negoció el arreglo de manera temporal, pues de lo contrario no podía acceder a los recursos de la deuda política que tenía en reserva. Una de las condiciones para utilizar esos fondos es estar al día con la CCSS.

Además, Solano utiliza la sentencia condenatoria del Tribunal Penal para contradecir el cobro.

"Estas mismas contrataciones ya han sido declaradas como ineficaces por los tribunales de justicia de la República porque en ningún momento medió pago alguno, hecho generador de las cargas sociales", declaró el jerarca del PAC.