TSE y otros partidos advirtieron de que ese requisito era prescindible

 5 agosto, 2014
Jorge Sibaja R. fue delegado del PAC en Desamparados y miembro del Tribunal Electoral Interno. | RAFAEL MURILLO
Jorge Sibaja R. fue delegado del PAC en Desamparados y miembro del Tribunal Electoral Interno. | RAFAEL MURILLO

El Partido Acción Ciudadana (PAC) pagó ¢277 millones en campaña a un dirigente por autentificar firmas, pese a que ese trámite era innecesario en los documentos que los miembros del Comité Ejecutivo debían enviar al TSE.

Así lo hizo el PAC, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el propio abogado contratado y otros partidos advirtieron de que la gestión era prescindible.

El dinero pagado a Jorge Sibaja Rodríguez alcanzaría para que el Partido certificara más de 55.000 firmas, de acuerdo con lo que él cobraba por cada trámite.

Sibaja, entonces miembro del Tribunal Electoral Interno del PAC, cobró los ¢277 millones por certificar las rúbricas de dirigentes en solicitudes para celebrar eventos públicos, o bien, en notas para hacer consultas o pedir aclaraciones a los magistrados del TSE.

Así lo confirmó la extesorera de la agrupación, Leda Zamora, quien autorizó 85 transacciones de dinero en favor de Sibaja. Los datos, además, constan en el informe financiero de ella, el cual servirá de base para cobrar la deuda política del partido de gobierno.

El abogado admite que, de octubre del 2013 a mayo del 2014, recibió en su cuenta ¢285 millones, de los cuales ¢8 millones corresponden al salario mensual que devengaba como asesor jurídico externo del PAC. El resto obedece a trámites de abogacía (como notario está inactivo) que se fijaron mediante una ampliación a su contrato inicial.

Sibaja especificó que los trámites consistían, principalmente, en autentificar firmas, pero que también redactó contratos de servicios profesionales y de alquiler de inmuebles o de vehículos, en menor escala. Por cada contrato, cobraba ¢50.000. Sin embargo, no sabe cuántos de esos trabajos realizó.

En cuanto a la autentificación de firmas, pedía ¢15.000 por cada una, pero solo le depositaban ¢5.000 en efectivo, pues el resto lo donó en especie a la agrupación.

Al final, en el informe financiero de Zamora, se reporta que el abogado donó en especie casi ¢185 millones en seis meses (de noviembre a abril), el equivalente a casi 18.500 autentificaciones.

Sibaja, quien además es delegado cantonal en Desamparados, afirmó que las firmas que autentificó fueron las del entonces presidente del PAC, Olivier Pérez, y de la secretaria general, Olga Marta Sánchez, hoy ministra de Planificación.

También certificó firmas del actual presidente, Luis Guillermo Solís, y de su ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

Otras vías. Héctor Fernández, director de Registro Electoral del TSE, aseguró que los partidos tenían tres vías para realizar gestiones ante el Tribunal, sin la necesidad de autenticar firmas.

Una era directamente por medio de los miembros del Comité Ejecutivo; otra era mediante la entrega de un poder a una persona que se encargara de los trámites; y la tercera era por Internet, pues el Tribunal habilitó un formulario en línea para las actividades públicas.

“Es como una especie de firma digital. El presidente de cada partido solicita una clave bajo el compromiso de que el partido responde por cada gestión que se haga. Ellos deciden cómo y quién administra la cuenta”, dijo Fernández.

Incluso, en una circular del 6 de setiembre de 1999, el TSE estableció que las gestiones de los partidos debían “ser planteadas por sus representantes..., sin necesidad de aportar certificaciones de personería ni autenticación”.

De acuerdo con el secretario general del TSE, Erick Guzmán, esa medida se tomó por la naturaleza pública de los partidos y porque se dispone de un registro de las firmas de los jerarcas, que hace innecesaria su autentificación.

Agregó que muchas de las consultas y amparos electorales se envían, con la misma validez, por correo electrónico.

En sintonía. Otros partidos políticos, como el Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), acuerpan la postura del TSE y niegan que hayan tenido que autentificar firmas de manera masiva.

El secretario general del FA, Rodolfo Ulloa, realizó los trámites en persona ante el Tribunal o por medio del formulario web. Solo pidió autenticar documentos de “manera ocasional”.

En el caso del PUSC, Luis Gerardo Elías, secretario nacional de Electorales, afirmó que autentificar firmas “no era un trámite muy frecuente”, pues bastaba con presentar los documentos con las firmas del presidente o del secretario general de la agrupación.

“No nos pedían autentificar firmas, en el TSE saben quiénes son los máximos representantes del partido y cuáles son sus firmas”, añadió Elías.

Sibaja, por su parte, reconoce que se pudo evitar el gasto, pues la ley establecía otras vías. Añadió que planteó la posibilidad ante el Comité Ejecutivo del PAC, pero nunca recibió una respuesta.

“Yo lo formulé, pero no recibí respuesta, lástima que no lo hice por escrito. La valoración la tuvo que haber hecho el Comité Ejecutivo; allá ellos; yo estaba cumpliendo con una instrucción de un órgano superior, al cual yo estoy subordinado”, expresó el abogado.

El expresidente del PAC, Olivier Pérez, sostuvo que no recuerda que Sibaja formulara otra opción. Mencionó que en el Comité sí se discutió que el pago era un monto elevado, pero no tan alto como el que reportó Zamora, el pasado 28 de junio, en el informe de gestión de mayo de 2013 a junio de 2014.

“Me sorprende mucho el monto. A mí me dicen que ese trámite es necesario y yo estuve de acuerdo. En su momento no creí que fuera necesario verificar ante el TSE”, manifestó Pérez.

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