El PAC, el Frente Amplio y el PUSC tienen en el horno un texto sustitutivo para revivir la reforma procesal laboral, que vetó la expresidenta Laura Chinchilla.
Rafael Ortiz, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que la idea es evitar que el mandatario Luis Guillermo Solís levante el veto de la exgobernante, para poner en ejecución el proyecto.
Esa iniciativa de la Corte Suprema de Justicia reduce la duración de los juicios laborales, mediante la introducción de la oralidad en los procesos.
No obstante, Chinchilla la frenó porque legaliza las huelgas en los servicios públicos esenciales como hospitales, seguridad, además de prohibir al Gobierno contratar personal temporal para sustituir a los manifestantes.
Esta semana, esas tres bancadas pretenden presentar en el Congreso la nueva iniciativa de ley, que varía unos 12 artículos de la reforma vetada, principalmente sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
Según Ortiz, además de las seis normas vetadas por Chinchilla en 2012, se incluirían otros cambios que pidieron algunos sectores empresariales.
“La parte procesal no se tocó; en ese aspecto coincidimos en que la reforma es necesaria”, agregó.
El socialcristiano prefirió solo referirse a algunos detalles y no revelar el contenido integral de la propuesta, porque aún negocian algunos aspectos, principalmente de redacción.
El jefe del PUSC aseguró que se buscó “una salida balanceada”.
“No se puede imponer posiciones, ni tampoco pasar de un lado a otro, sino de buscar un entendimiento”, dijo Ortiz.
También adelantó que uno de los artículos se reformó para establecer un porcentaje mínimo necesario de empleados para convocar a una huelga e impedir que sea promovida por unos pocos.
La jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, expresó que el cambio principal consiste en establecer que un juez defina cuándo una huelga es legal y si los servicios públicos esenciales están “siendo cubiertos adecuadamente”.
Además dijo que las negociaciones se dan en el marco del acuerdo del 1.° de mayo, cuando el PAC ganó la presidencia del Congreso.
“Ese día, se dijo que el presidente iba a levantar el veto al cabo de un año y se le dio al PUSC la oportunidad de presentar, en ese tiempo, un proyecto ley que subsanara, principalmente, el tema de las huelgas en los servicios públicos esenciales. No hay nada oculto ni secreto”, agregó Molina.
El jefe de la bancada del FA, Gerardo Vargas Varela, explicó que las negociaciones se realizan desde hace dos meses de manera más intensa, en compañía ocasional del ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora.
Añadió que para consensuar el texto sustitutivo se consultó a diferentes sectores productivos, a la vez que se mantuvo al tanto de las negociaciones, de manera informal, a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y otras bancadas de oposición.