Por: Gerardo Ruiz R. 22 octubre, 2015
Mientras los magistrados se dividen sobre la conveniencia de eliminar la licencia con goce de salario por enfermedad para los empleados judiciales, el diputado Ottón Solís, del PAC, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para derogar ese privilegio.
Mientras los magistrados se dividen sobre la conveniencia de eliminar la licencia con goce de salario por enfermedad para los empleados judiciales, el diputado Ottón Solís, del PAC, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para derogar ese privilegio.

San José

El diputado Ottón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de eliminar la licencia por enfermedad o incapacidad con pago total del salario.

El artículo 42 de esa norma permite a los servidores judiciales incapacitados recibir el 100% de su salario cuando en el resto del sector público y privado los empleados reciben un subsidio equivalente al 60% de su remuneración mensual.

La iniciativa la presentó el diputado Solís días después de que La Nación publicara que la Sala Constitucional rechazó –en diciembre del 2014– una acción de inconstitucionalidad que presentó la Contraloría General de la República (CGR) contra el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este diario también dio a conocer que la magistrada de la Sala Constitucional Nancy Hernández había presentado una propuesta para eliminar la licencia por enfermedad con sueldo completo, mientras era la jefa de despacho de la presidencia de la Corte. La magistrados dejaron en suspenso la iniciativa.

Según datos que la oficina de prensa del Poder Judicial facilitó a La Nación, la Corte pagó el año pasado ¢7.162 millones por las incapacidades con goce de salario total.

Este lunes, los magistrados acabaron su sesión de Corte Plena sin lograr un acuerdo para retomar el debate de la propuesta que hizo Hernández para reformar la Ley Orgánica Judicial.

"En momentos de crisis fiscal y cuando las desigualdades sociales se están incrementando, es absurdo mantener privilegios especiales para grupos de trabajadores que no son precisamente pobres”, justificó Ottón Solís al presentar su plan de ley.

Su propuesta no solo pretende acabar con la licencia que la Contraloría calificó como abusiva, sino que, también, busca que toda incapacidad que tramite la administración del Poder Judicial sea comprobada con un documento extendido por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el Instituto Nacional de Seguros (INS).

"Con la reforma del artículo 43 se eliminan otras referencias a la incapacidad, como una licencia con goce de sueldo, y se elimina la posibilidad de que cualquier médico y no solo los de la Caja puedan emitir la incapacidad respectiva", explicó el legislador al presentar su proyecto.

Críticas. Otros legisladores, como Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional (PLN), también han tocado el tema del gasto en que incurre el Poder Judicial en el pago de estas licencias por enfermedad con salario total.

El pasado 21 de octubre la legisladora criticó a los magistrados que todavía dudan sobre poner a discusión la licencia y otros privilegios de los que gozan los empleados del Poder Judicial.

El lunes, un grupo de magistrados afirmaron que no se justifica abrir un debate en torno a la licencia, pues ya la Sala Constitucional se pronunció a favor de ese privilegio en su fallo de diciembre pasado; pero, según Piszk, esa posición implicar actuar como juez y parte.

"El país requiere dar pasos hacia la eliminación de este tipo de privilegios que amenazan con destruir la estabilidad de nuestras instituciones públicas. He criticado a los líderes sindicales que amenazan con ir a una huelga si los diputados nos atrevemos a discutir este tipo de reformas. No podría hacer menos si los magistrados también se resisten a poner sobre el tapete esta discusión", afirmó la legisladora ante el plenario.

La discusión sobre los privilegios para los empleados del Poder Judicial resurge en momentos en que los diputados de oposición intentan, por varios medios, rebajar el gasto del Gobierno Central en salarios y pluses como mecanismo para reducir el déficit fiscal que, al finalizar el 2014, cerró en un 5,7% del producto interno bruto (PIB).