Con membrete de la Asamblea Legislativa, el diputado Óscar López, del PASE, envió una nota a varias instituciones públicas para pedirles que no pauten publicidad en el programa radiofónico Rompiendo el Silencio, del comunicador Marvin Sandí, a fin de no entablar una demanda en contra de estas.
López les advirtió a las entidades que prepara una querella por injurias, difamación y calumnias contra los patrocinadores del espacio, que se transmite por Radio La Gigante (800 AM), así como contra el productor de este.
Según les dijo el legislador de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), sufre una campaña de desprestigio por parte de Sandí desde hace más de un año y, en su criterio, los anunciantes "se convierten solidariamente en responsables directos de lo que ahí se paute, se difunda o se manifieste".
Así consta en una carta enviada el 7 de julio a Correos de Costa Rica, en donde López le recuerda a la junta directiva que esa empresa estatal invierte en Rompiendo el Silencio.
"Les insto a valorar como una responsable medida cautelar, la posibilidad de sacar del aire la publicidad institucional que pagan en este programa radial mientras resolvemos en la instancia en los tribunales la querella que estamos por incoar, con el propósito de no empañar judicialmente ni perjudicar la sana imagen que los costarricenses tienen de esta sana institución (...), con lo que mis abogados desestimarían de inmediato a petición del suscrito, la eventual demanda solidaria extensiva contra esta entidad pública", dijo el diputado a Correos.
Sandí, por su parte, consideró que la acción de López coarta la libertad de expresión, afecta a todos los medios de comunicación y se trata de un amedrentamiento por las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el PASE. Mencionó que en su programa pautan entidades como Acueductos y Alcantarillados (AyA), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
López, en tanto, alegó en la carta que, con el consentimiento del productor, quienes llaman al aire al programa llaman de "ratas, pillos o corruptos" a miembros de los supremos poderes y que así se abusa de la libertad de expresión.
Además, hizo referencia a los comentarios de Sandí sobre la denuncia que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó en su contra por una presunta estafa relacionada con el cobro de la deuda política de las elecciones del 2010, mediante el alquiler de vehículos en los gastos de campaña. Se quejó de que el productor lo califica de "diputado investigado por falsificador".
Consultado por este medio, el diputado negó que pidiera a las instituciones retirar la publicidad. "En ningún momento estoy pidiendo que se haga eso", adujo. Lo que hizo, argumentó, fue pedir que consideraran la posibilidad de quitar la pauta como una "medida cautelar".
Ante más consultas, se negó a responder con el argumento de que no podía hablar más del tema por consejo de sus abogados.