Exmandataria fue observadora en elección legislativa venezolana

Por: Gerardo Ruiz R. 8 diciembre, 2015
Miguel Ángel Rodríguez (izq.) y Laura Chinchilla denunciaron malos tratos de parte del gobierno de Venezuela. Ayer dieron una conferencia de prensa en Caracas junto con los exgobernantes de Colombia, Andrés Pastrana (centro), Jorge Quiroga, de Bolivia, y Luis Lacalle, de Uruguay. | EFE
Miguel Ángel Rodríguez (izq.) y Laura Chinchilla denunciaron malos tratos de parte del gobierno de Venezuela. Ayer dieron una conferencia de prensa en Caracas junto con los exgobernantes de Colombia, Andrés Pastrana (centro), Jorge Quiroga, de Bolivia, y Luis Lacalle, de Uruguay. | EFE

La oposición le cobra al gobierno de Luis Guillermo Solís no haber reaccionado a tiempo y de forma enérgica frente a la denuncia de la exmandataria Laura Chinchilla (2010-2014) sobre un maltrato en Venezuela.

Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) fueron parte de una delegación de expresidentes que fungieron como observadores en las elecciones parlamentarias que celebró Venezuela este domingo.

A través de Internet, Chinchilla denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Diosdado Cabello, solicitó la expulsión de los observadores invitados por la coalición opositora al gobierno de Nicolás Maduro.

Trascendió, además, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó quitarles las credenciales de “acompañantes políticos” a los expresidentes.

Una llamada. Desde el domingo, el presidente Solís calificó de confusa esa situación.

Ayer lunes dijo que hará una llamada telefónica a la expresidenta, cuando regrese, para informarse mejor de lo ocurrido. Después, evaluará si amerita una acción diplomática.

Tal anuncio desató las críticas de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), pese a que Solís afirmó que, luego de trascender la denuncia, la Cancillería actuó como garante para salvaguardar la integridad de los exmandatarios.

“Fue una reacción pusilánime, tardía, y carente del sentido de nacionalidad que debe caracterizar al Gobierno de Costa Rica”, reprochó el diputado verdiblanco Rolando González.

Johnny Leiva, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), no fue menos severo.

Para el congresista, el Gobierno pecó por falta de proactividad en defensa de los expresidentes.

“Observé que el presidente estaba haciendo tamales el fin de semana y no sé en qué estaba su equipo. Hizo falta más acción, tratándose de la investidura de doña Laura y don Miguel Ángel”, insistió el socialcristiano.

La voz de apoyo a la administración Solís vino desde el Frente Amplio. Según el diputado Edgardo Araya, el Gobierno actuó bien, con cuidado de no armar un escándalo diplomático que tense la relación con Venezuela.