Inquietudes sobre acceso a datos, sanciones y embargo preventivo de bienes

Por: Aarón Sequeira 1 agosto, 2016
El procurador general interino, Juan Luis Montoya, dio la opinión de la Procuraduría sobre el plan contra el fraude fiscal, el jueves pasado. Lo escuchan Aracelly Segura, del PLN, y William Alvarado, del PUSC. La moción de vía rápida aprobada a esa iniciativa legal establece que debe salir de Hacendarios antes del 28 de agosto. | MAYELA LÓPEZ.
El procurador general interino, Juan Luis Montoya, dio la opinión de la Procuraduría sobre el plan contra el fraude fiscal, el jueves pasado. Lo escuchan Aracelly Segura, del PLN, y William Alvarado, del PUSC. La moción de vía rápida aprobada a esa iniciativa legal establece que debe salir de Hacendarios antes del 28 de agosto. | MAYELA LÓPEZ.

Las dudas de los diputados de la alianza opositora sobre el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal no se han desvanecido.

Al contrario, renacieron y aumentaron luego de las audiencias a representantes de varias entidades públicas, cámaras de empresarios privados y expertos en materia tributaria.

De ahí que, ahora, los partidos de ese bloque opositor: Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Movimiento Libertario, principalmente, estén cocinando a fuego lento varios cambios a la iniciativa.

El objetivo original del proyecto es aumentar las armas de la Dirección General de Tributación para combatir a los defraudadores del fisco y crear un registro de accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas, para consolidar un mayor acceso a los datos sobre las personas físicas y jurídicas detrás de las empresas.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Rosibel Ramos, explicó que hay cerca de 25 observaciones que se estudian para determinar cuáles deberían concretarse en modificaciones al plan de ley.

Luego de seis meses de polémicas, a finales de junio los miembros de Hacendarios aprobaron un nuevo texto de ese proyecto, en el cual aceptaron los artículos para crear el registro centralizado de beneficiarios finales.

Audiencias. Sin embargo, luego de escuchar en audiencia a cámaras como la de Industria y la de Bancos, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) dudan de que un representante legal de una empresa pueda dar al Estado los datos sobre los beneficiarios finales si se trata de firmas o personas domiciliadas en el exterior.

Además, tienen dudas de que sea constitucional darle al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) la potestad de acceder casi libremente al registro de los beneficiarios finales, aunque sea con fines de investigación al narcotráfico y la delincuencia organizada nacional y trasnacional.

En la lista, que ni Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ni Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quisieron facilitar en su totalidad, también ponen como duda que la Administración Tributaria pueda embargar bienes automáticamente, si el juez al que se le pide la orden no responde en tres días.

Ramos dijo que podría no ser necesario obligar a las empresas que se cotizan en la Bolsa de Nacional de Valores a dar los datos para el registro centralizado.

Otras “observaciones” tienen que ver con las penas de los delitos fiscales y la prescripción de las causas contra los defraudadores, que actualmente está en cinco años y que la oposición podría reducirlos a tres años.

Ramírez aseguró que ella estudia legislación internacional para verificar si realmente es “materialmente imposible” exigir datos de empresas extranjeras que no estén en bolsa.

Para el frenteamplista José Ramírez, es peligroso entrar ahora con cambios al texto que ya había sido acordado, pues cree que se le podría quitar sentido a la iniciativa, “dejar un adefesio o una ley sin ninguna repercusión”.

Víctor Morales, de Acción Ciudadana (PAC), indicó que varios cambios son aceptables.