Policía Judicial trata de descartar eventual negligencia de oficial sancarleño

Por: Carlos Arguedas C. 9 julio, 2014

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ordenó una investigación interna para conocer por qué se archivó una denuncia presentada por una mujer, quien se sentía perjudicada, pues alguien presentó declaraciones del impuesto sobre la renta a su nombre, en la Administración Tributaria de la zona norte (San Carlos).

La gestión de María de los Ángeles Otárola, una costurera, vecina de San Carlos, fue la que originó, a mediados de junio, que el OIJ abriera una investigación de tres sociedades, en las cuales figura como socia Ofelia Taitelbaum Yoselewich, ante posibles delitos tributarios, el de uso de documento falso y el de falsificación de firmas. Debido a la pesquisa, Taitelbaum renunció, el lunes, al cargo de defensora de los habitantes.

Gerald Campos, subdirector de la Policía Judicial, explicó que la indagación interna pretende aclarar la actuación y evitar que después “se diga que la Policía no hizo nada”. En su criterio, la actuación policial fue la adecuada.

La decisión del OIJ se tomó luego de que la Fiscalía Adjunta de San Carlos informara de que esa primera denuncia se archivó porque era muy escueta y, además, faltaban pruebas.

La fiscala Alba Campos dijo, el lunes, que en el informe del OIJ no se identificó el imputado y, por eso, el asunto se pasó a archivo. Eso significa que el caso se deja de investigar, a la espera de que aparezcan nuevos elementos probatorios.

La pesquisa administrativa pretende aclarar cuál fue la actuación de un oficial del OIJ en la investigación. La denuncia inicial se había presentado el 7 de enero pasado. | CARLOS HERNÁNDEZ
La pesquisa administrativa pretende aclarar cuál fue la actuación de un oficial del OIJ en la investigación. La denuncia inicial se había presentado el 7 de enero pasado. | CARLOS HERNÁNDEZ

Molestia. Gerald Campos dijo ayer que el objetivo de la investigación administrativa es demostrar que no hubo negligencia policial.

“La denuncia se recibe el 7 de enero. Ella aportó todos los elementos para hacer la investigación. El investigador hace su trabajo, habla con la ofendida, testigos y va a Hacienda. Dialoga con la fiscala y ella decide archivar el asunto porque se trata de una causa por usurpación de identidad, que con base en el 392 del Código Penal es una contravención (esta acción tiene una pena de 5 a 30 días multa). Así consta en el expediente del caso”, dijo Campos.

El subdirector del OIJ comentó que en una nota enviada al fiscal general, Jorge Chavarría, le hizo ver que el asunto no debió archivarse, pues había elementos para continuar con la pesquisa. “Es falso que se archivara por falta de pruebas. La causa se archiva porque así lo indicó la fiscala. Esto significa que hubo negligencia por parte de la fiscala y de la encargada de supervisarla”, afirmó Campos.