Vicepresidenta de la República critica la atención educativa a este sector

Por: Alberto Barrantes C. 4 agosto, 2014

Las marcadas diferencias en educación, salud y en empleo son las principales barreras para niños y jóvenes con discapacidad en Costa Rica.

Así lo demuestra el primer estudio sobre el Estado de Situación sobre la niñez y adolescencia con discapacidad en el país, que elaboró la Vicepresidencia de la República, el Consejo Nacional de Rehabilitación y la Unicef.

La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, destacó las deficiencias en las aulas integradas y en el concepto de la inclusión que maneja el país. Estas aulas están en malas condiciones y mantienen la exclusión del niño con discapacidad del resto de sus compañeros.

"Hay una odiosa diferencia entre la calidad de educación que recibe esta población y debemos de trabajar en políticas públicas que frenen este tipo de brechas", manifestó la vicepresidenta.

La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, destacó las deficiencias en la deficiente calidad de las aulas integradas y en el concepto de la inclusión que maneja el país.
La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, destacó las deficiencias en la deficiente calidad de las aulas integradas y en el concepto de la inclusión que maneja el país.

El estudio se llevó a cabo con familias que tienen hijos con discapacidad. Según el Censo del 2011, en Costa Rica hay unos 47.358 niños y adolescentes con discapacidad.

La investigadora Paula Antezana reconoció que el país ha alcanzado logros importantes en el camino hacia la inclusión, pero aún faltan acciones para mejorar en la atención de la pobreza y en servicios de salud.

"Ha prevalecido un enfoque de exclusión y marginación. Hay vacíos importantes en la Red de Cuido, en la educación, en los servicios de salud, ya que no se ha abordado la discapacidad desde la perspectiva de derechos. No hay estrategias claras. Falta humanismo", dijo la investigadora.

El estudio concluye que en el país se carece de indicadores de calidad de los servicios de salud hacia las personas con discapacidad.

Para ello, se firmó un convenio que propone una agenda de acción con cuatro ejes que incluye: romper con el círculo discapacidad-pobreza, trabajar en educación inclusiva, acceso universal a los servicios de salud de rehabilitación y promover el respeto a los derechos de esta población.