El costarricense-mexicano Daniel Gil Trejos, preso en Nicaragua desde el 26 de mayo en condiciones cuestionables, recibió este viernes la notificación de extradición a México, donde se le atribuye un supuesto fraude comercial. Costa Rica se quejó de que no se le permitió tener acceso al empresario.
Gil, cuyo caso provocó una nueva disputa diplomática entre Costa Rica y Nicaragua, quedó en lista para viajar a las 11:55 en vuelo de Aeroméxico, según confirmó La Nación esta mañana.
Javier Sancho, embajador costarricense en Managua, afirmó que las autoridades nicaragüenses impidieron a la delegación tica verificar el estado de salud del empresario. Los diplomáticos Álvaro Herrera y Johnny Saurez llegaron al aeropuerto a las 8 a. m., pero no tuvieron contacto con el nacional.
Según Sancho, la extradición se produjo en medio de un fuerte despliegue policial, con patrullas y motorizados. Solo entró prensa afín al gobierno de Daniel Ortega. La llegada a México está prevista para las 3 p. m.
La Justicia de Nicaragua pone así fin a un cautiverio de más de 70 días en la cárcel El Chipote. Según las autoridades costarricenses y su esposa, Marcela Chacón, ex viceministra de Seguridad, al empresario se le habrían irrespetado los derechos humanos en esa prisión.
Chacón recibió la noticia con una mezcla de actitudes. Por un lado, ve bien que salga de Nicaragua y vaya a un país donde, según dijo, sí se respetan los derechos humanos y el debido proceso.
Por otro lado lamentó que Nicaragua no hubiera notificado a la embajada de Costa Rica sobre la extradición. “Se burlaron de Costa Rica hasta el último momento”, dijo la ex viceministra.
Gil fue capturado en Nicaragua después de que la Policía Internacional (Interpol) emitiera una orden de captura internacional y Costa Rica notificara el viaje que él haría a Managua. Así comenzó una detención que, según varios reclamos de la Cancillería de Costa Rica y de la Defensoría de los Habitantes, violó el derecho a asistencia legal diplomática y humanitaria.
La Defensoría llevó el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, también recibió un reclamo de otro costarricense, de nombre Ed Tiffer, quien denunció haber estado un mes sin cargos judiciales en El Chipote, en condiciones de tortura.