Por: Aarón Sequeira 21 octubre, 2014
Gerardo Vargas (izq.) y Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Carmen Quesada (libertaria), acompañaron ayer Ronaldo Blear, de Sintrajap. | PABLO MONTIEL.
Gerardo Vargas (izq.) y Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Carmen Quesada (libertaria), acompañaron ayer Ronaldo Blear, de Sintrajap. | PABLO MONTIEL.

Los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) llamaron a huelga en los muelles de Limón esta semana, molestos por el apoyo del mandatario Luis Guillermo Solís a la construcción del megapuerto de Moín, a cargo de la empresa APM Terminals.

Así lo anunció ayer el presidente del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) Ronaldo Blear, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Ahí convocó a un movimiento para esta misma semana, con el principal reclamo de que el Poder Ejecutivo avala la exclusividad de la compañía de capital holandés.

Según los sindicalistas, ellos no se oponen a la entrada de la empresa APM Terminals en la provincia, pero reclaman que la compañía tenga el monopolio de la carga y descarga de contenedores en la nueva terminal de contenedores de Moín.

“Estamos muy decepcionados de este gobierno. Vamos a las calles, para que APM Terminals no entre como monopolio”, dijo Blear.

Ese proyecto significaría una inversión de $1.000 millones y le permitiría a la empresa tener la concesión de la obra durante 33 años.

Antes del anuncio, los muelleros tuvieron una reunión con diputados limonenses y autoridades del Gobierno, en Zapote.

Junto a Blear estuvo la legisladora del Movimiento Libertario Carmen Quesada y el jefe del Frente Amplio, Gerardo Vargas.

Quesada explicó que ella votó en contra de la cláusula 9.1, la cual establece que APM tendría la exclusividad de la descarga en el megapuerto de Moín.

Sin embargo, el jefe libertario Otto Guevara avaló la entrada de APM y criticó la calidad actual de los puertos limonenses.

Anoche, el Gobierno hizo un llamado a la calma y pidió esperar el pronunciamiento de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia y los estudios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).