Por: Aarón Sequeira 10 julio, 2014

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) investiga si el reajuste “de oficio” se hizo a la pensión de otros exlegisladores, además del presidente del PLN, Bernal Jiménez.

Elizabeth Molina, directora de Pensiones, indicó que se abrió esa investigación a raíz de un reportaje de La Nación , que reveló que 170 pensiones de exdiputados reciben un aumento anual del 30% y que, al menos en el caso de Jiménez, se actuó de oficio.

La funcionaria explicó que hay una lista de jubilados cuyos ajustes a la pensión están bajo indagación, para determinar en qué forma se han aumentado.

Según Molina, la ley establece que solo se puede hacer una revalorización en el monto de la pensión a solicitud del interesado.

En noviembre del 2011, Bernal Jiménez recibió ¢24 millones en una cuenta, tras gestión de la Tesorería Nacional, correspondiente a un reajuste hecho por la Dirección de Pensiones.

El liberacionista insiste en que él nunca pidió ese ajuste, tras dejar la diputación por segunda vez, en el 2006.

Según la Dirección de Pensiones, hay 170 pensiones de exlegisladores que reciben un incremento anual del 30%, según lo establecido en el artículo 5 de la ley 7.007, de 1985.

El monto más alto de esas pensiones es de ¢6.426.635 y el más bajo es por ¢464.810, esto a pesar de que la ley 7.858 establece un tope para esos montos millonarios, excepto para las que se engordan con el incremento del 30%.

Según datos de la Dirección Nacional de Pensiones, el Estado gastó ¢11.900 millones en las pensiones de exdiputados en el 2013.

Actualmente, la ley que permitía a los legisladores jubilarse bajo un régimen especial ya no existe, tras derogarse en 1995.

Pese a que el régimen dejó de existir desde hace 20 años, aún hay 229 beneficiarios de las pensiones para excongresistas, aunque solo haya 170 con el beneficio del aumento.

El ministro de Trabajo, Víctor Morales, dijo que se investiga también cuáles y cuántas pensiones no tienen tope, para luego hacer un proyecto de ley que les establezca un techo.

Según el jerarca del MTSS, también busca aplicar los topes legales que, por omisiones administrativas, no se hayan podido aplicar durante las administraciones anteriores.