El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, admitió haber incluido por error a cuatro personas más en la lista de exjerarcas que habrían cobrado irregularmente el incentivo conocido como prohibición.
Se trata de los exministros del gobierno anterior Alejandro Cruz (Ciencia y Tecnología), Francisco Jiménez (Obras Públicas) y René Castro (Ambiente), así como el ex viceministro Freddy Montero (Seguridad).
El error consta en cartas enviadas por el propio ministro de la Presidencia a los exjerarcas, las cuales fueron colgadas esta semana en la página web de la Presidencia.
Ellos se suman al caso del ex viceministro de Agua y Mares, José Lino Chaves, de Agua y Mares, dado a conocer por La Nación la semana pasada.
El 7 de junio, por aparte, Alfaro envió una carta a cada una de las personas en las que afirma que fue inducido a error por parte de los ministerios donde laboraron y que, como consecuencia, sus nombres fueron incluidos en la lista remitida a la Contraloría General de la República, el 30 de mayo.
Ese reporte incluía a personas que cobraron prohibición y que, en apariencia, carecían de título universitario o no estaban colegiados cuando su profesión lo exige.
Este incentivo es la compensación que se le desembolsa a los jerarcas del Estado para que no ejerzan su profesión de manera liberal durante el tiempo que ocupan el cargo. Equivale al 65% del salario base del funcionario.
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Repartió culpas
En el caso de Alejandro Cruz, él fue incorporado en el informe presidencial a pesar de que no cobró salario durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
En la nota oficial, Sergio Alfaro alega que el Micitt nunca los alertó de esa situación y, por el contrario, solo informó que no se contaba con un expediente de él.
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"El Micitt remitió nuevamente la información adjunta, sin señalar su condición de ministro ad honorem, por lo que en su caso particular el Ministerio de la Presidencia actuó de conformidad con la información remitida por el Micitt que, según la información que usted ha aportado es errónea e imprecisa", señala Alfaro en la carta, en la cual más adelante afirma que el Ministerio de Hacienda confirmó que Cruz no devengó un salario y, por ende, tampoco el pago por prohibición.
En cuanto a Francisco Jiménez y Freddy Montero, ambos fueron incluidos en la lista porque en sus respectivos expedientes administrativos no constaba la incorporación al colegio profesional correspondiente, lo cual es un requisito para cobrar la compensación del 65%, cuando esta sea obligatoria.
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Sin embargo, Jiménez es informático y la colegiatura no es un requisito para ejercer la profesión; mientras que, Montero es antropólogo y en el país no existe una organización que los agrupe.
"Ante la verificación correspondiente, respecto a la no obligatoriedad de colegiatura para los profesionales en Informática, de manera inmediata se realiza la corrección respectiva", reza la misiva de Alfaro a Jiménez.
Un caso similar ocurrió con René Castro y José Lino Chaves. A ellos también se les achacó la ausencia de la colegiatura en el expediente, a pesar de que sí cuentan con ella. Castro se incorporó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (Cfia) desde 1980 y Chaves forma parte del Colegio de Abogados desde 1991.
En los cinco casos, Sergio Alfaro se excusó y culpó a los respectivos ministerios de los yerros cometidos, bajo el argumento de que la información remitida a la Presidencia fue errónea.
Solo el departamento de Recursos Humanos del Minae salió a desmentirlo por el caso de José Lino Chaves.
Por un lado, Zapote alega que esa dependencia le informó a su despacho que la colegiatura no constaba en el expediente. Sin embargo, en ese ministerio afirman que desde un principio se dijo que el ahora ex viceministro Chaves no ocupa una plaza en esa cartera, sino en el Ministerio de Vivienda y por consiguiente, el expediente estaba en esa otra institución.
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Otras siete cartas. Sobre la lista de los 39, el titular de la Presidencia también remitió otras siete cartas en respuesta a quejas que presentaron otras de las personas que ahí aparecen. No obstante, en lugar de rectificar, reitera las razónes por las cuales fueron incluidos. Ninguno de ellos cuenta con la colegiatura respectiva.
Eso ocurrió con los ministros Alejandro Trejos, de Comercio Exterior del 2002 al 2004; Gloria Abrahams, de Agricultura; y Laura Alfaro, de Planificación, ambas desde el 2010 hasta el 2014.
La misma respuesta recibieron los viceministros Dyalah Calderón, de Educación; Ileana González, de Cultura; y Wálter Navarro, de Seguridad, todos del gobierno de Laura Chinchilla. Así como, Ricardo Méndez, quien fue viceministro de Cultura del 2006 al 2010.
Una análisis de La Nación detecto que 14 de los 39 casos denunciados por la Presidencia no se verificó correctamente la información.
Si bien la lista fue remitida a la Contraloría, esta entidad respondió que le correspondía a la administración esclarecer la situación.
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