Por: Natasha Cambronero 10 marzo, 2015

El Ministerio de Trabajo llamó a declarar al presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, por una presunta persecución sindical en contra de una funcionaria del Congreso.

El diputado Henry Mora está convocado a la oficina de la Inspección de Trabajo de San José, a las 9 a. m. del 17 de marzo. | LN
El diputado Henry Mora está convocado a la oficina de la Inspección de Trabajo de San José, a las 9 a. m. del 17 de marzo. | LN

Trabajo investiga una denuncia presentada por la secretaria general de la Unión de Trabajadores Legislativos (Utraleg), Guiselle Ruiz, en contra del Directorio legislativo.

Ella alega que la cúpula del Congreso incurrió en persecución sindical y en prácticas laborales desleales al abrirle un proceso disciplinario, luego de que cuestionó varios de sus nombramientos de personal.

La funcionaria alega que su puesto sindical la blinda para dar declaraciones “en defensa de los derechos de los trabajadores”.

El próximo martes 17 de marzo, casi cuatro meses después de la denuncia, Henry Mora deberá comparecer, a las 9 a. m., ante la oficina de la Inspección de Trabajo de San José, como máximo jerarca de la Asamblea.

Así consta en una resolución del 3 de marzo, de la cual este medio tiene una copia, y en la que se indica que la audiencia será oral y privada y que podría extenderse hasta las 3:30 p. m. de ese día.

“Dado que existe mérito para conocer el fondo de los hechos denunciados (...) se les convoca a las partes a una comparecencia oral y privada”, reza el documento.

Consultado ayer, Mora negó que exista persecución sindical: “No hay ningún tipo de acción que hemos tomado contra ella, excepto el nombramiento de este órgano, que es el que recomendará si considera o no que las acusaciones que ella nos lanzó carecen de fundamento y más bien podrían ser catalogadas como injuriosas y calumniosas”.

La resolución agrega que, mientras el caso esté en investigación, no se puede ejercer acción alguna en detrimento de los derechos de la denunciante.

Según la denuncia que Guiselle Ruiz presentó el 30 de octubre, la cúpula del Congreso ordenó abrirle proceso porque, el 25 de setiembre, ella envió un correo electrónico para denunciar supuestas irregularidades en el nombramiento de plazas como la de Juan Carlos Chavarría, partidario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pasó de ocupar un puesto administrativo a director del recién creado Departamento de Participación Ciudadana.