Por: Rebeca Madrigal 4 septiembre
La ministra de Economía, Geannina Dinarte, negó la existencia de un tráfico de influencias en el MEIC para favorecer al dueño de la empresa Sinocem Costa Rica, Juan Carlos Bolaños.
La ministra de Economía, Geannina Dinarte, negó la existencia de un tráfico de influencias en el MEIC para favorecer al dueño de la empresa Sinocem Costa Rica, Juan Carlos Bolaños.

La ministra de Economía, Geannina Dinarte, denunció este lunes que el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) y dos empresas cementeras se pusieron de acuerdo para fijar barreras reglamentarias que impedían la participación de nuevos competidores en el mercado del cemento, en Costa Rica. Agregó que las dos administraciones siguientes no tomaron acciones para cambiar la situación.

Dinarte asegura que, en el 2005, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) negoció con las empresas Cemex y Holcim el contenido de una reforma al reglamento de comercialización del cemento, imponiendo las barreras que fomentaron la consolidación de un duopolio, sin ningún sustento técnico.

En específico se refirió a la prohibición para vender cemento con más de 45 días embodegado, el impedimento para comercializar el insumo en sacos que no fueran de 50 kilogramos y la imposibilidad para comercializarlo a granel.

Esas tres limitaciones fueron eliminadas por la reforma que esta administración aprobó en marzo del 2015, cambio que los diputados tienen en la mira dentro de la investigación sobre el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

"Existe un acta del 2005, en donde aparecen partes que negociaron el reglamento. Y esas partes firman un acuerdo, se ponen de acuerdo sobre cuáles son las barreras que finalmente van a llegar al reglamento técnico. ¿Quiénes participaron en la negociación? Cemex, Holcim y el Instituto del Cemento, cuya junta directiva está conformada por Cemex, Holcim y la Lanamme (el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales) y se ponen de acuerdo para los alcances del reglamento técnico".

Dinarte puntualizó que, pese a la existencia de ese reglamento desde 2005, ningún gobierno se ocupó en hacer una verificación del mercado ni de la calidad de la materia prima, y que tampoco se puso en vigencia una normativa para hacer esas revisiones.

"Esas barreras que han venido fijando durante estos 10 años (2005 al 2015) y donde el Ministerio de Economía cedió su potestad de imperio de reglamentación técnica y se puso de acuerdo con las empresas, porque solo participaban las dos empresas y la Lanamme, pero insisto, los tres son parte del Instituto del Cemento", declaró Dinarte.

Agregó que, en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), se intentó modificar el reglamento, pero al final no se hizo porque el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) hizo uso del principio de in dubio pro natura, el cual establece que, como no se sabe cuáles van a ser las implicaciones sobre el ambiente de esas reformas, es mejor no hacer ningún cambio.

También, dijo que fue hasta el 2015, que por primera vez, el MEIC realizó una fiscalización sobre la calidad del cemento que se vende en el país y el cumplimiento de las normas y que, en esa ocasión, se comprobó que ni Cemex, ni Holcim, ni el nuevo competidor, Sinocem Costa Rica, cumplían con las obligaciones.

"En abril del 2015 se hace la primera revisión documental del cumplimiento del reglamento técnico a las empresas cementeras, el primero desde 1990, que se genera el reglamento técnico. Nunca este país ha verificado la calidad ni el cumplimiento del reglamento técnico, nunca. Se hicieron barreras para no ingresar al mercado, pero nunca se verificaron, así que la pregunta es ¿qué calidad de cemento hemos estado usando en los diez años? ¿Por qué nunca se ha verificado?", cuestinó la jerarca del MEIC.

Las explicaciones las ofreció este lunes a las 11 a. m., en conferencia de prensa, ocho horas antes de la comparecencia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ante los diputados que investigan el caso del cemento chino.

En esta discusión, se indagan supuestos nexos del dueño de Sinocem Costa Rica, Juan Carlos Bolaños, con políticos de la actual administración para obtener un préstamo en el Banco de Costa Rica (BCR) por $20 millones, para importar cemento, y para facilitar la importación la materia prima desde China.

Dentro de esa investigación, se cuestiona si la reforma reglamenteria hecha por el MEIC también responde a presuntas conexiones de Bolaños.

La ministra Dinarte lo niega y asegura que estos cambios estuvieron sustentados en varios criterios emitidos por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), según los cuales el reglamento al cemento del 2005 no estaba técnicamente justificado.

Según un recuento del expediente del cemento, como le llamó el MEIC, las gestiones para eliminar las barreras de ingreso al cemento se iniciaron en 2014. La propuesta del reglamento salió a consulta pública en diciembre de 2014 y se aprobó finalmente en marzo de 2015.

En el 2008, la Coprocom reveló que la diferencia entre el precio de producción y el de comercialización era de un 142% y en ese momento, se propuso regular los precios. Otro de los hallazgos fue que el mercado estaba repartido en partes iguales entre las dos cementeras y que, en los almacenes en donde se vendía una marca, no se vendía de la otra.

Al respecto, Geannina Dinarte, una y otra vez, insistió en que no existieron influencias políticas dentro de la institución para favorecer a Juan Carlos Bolaños y que, por el contrario, el Ministerio rechazó las dos propuestas de reformas que él hizo al reglamento.

Dijo que la relación no ha sido cálida y que prueba de ello es que, en dos ocasiones, el empresario solicitó una medida cautelar contra el MEIC en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La primera data de abril del 2015, cuando el Ministerio concluyó que él incumplía las normas técnicas y la segunda, de agosto del 2017, cuando se le impidió meter al país un cargamento de 15.000 toneladas de cemento chino.

También, Dinarte dijo que la reforma repondió a un interés público y que fue para favorecer al consumidor, pues en abril de este año el precio de esa materia prima había caído en un 8%, aunque no tienen datos más actualizados porque Cemex y Holcim dejaron de enviar esa información a la Cámara de Construcción en las últimas semanas.

Consultada sobre lo dicho por la ministra, Christtina Solano, gerente de Desarrollo Comercial y Relaciones Corporativas de Cemex Costa Rica, afirmó: "Nuestra empresa está comprometida con la libre competencia. Consideramos fundamental apegarnos al marco regulatorio y de competencia de cualquier país en donde operemos, sin que Costa Rica sea la excepción. Además, creemos que es de vital importancia que dicha regulación se aplique de manera equitativa a todos los participantes en beneficio del consumidor, de la economía local y de la seguridad de las construcciones".

Constantes consultas. Luego de la publicación del reglamento de 2005, varios diputados iniciaron consultas por el tema de los precios y de la competencia. Estos temores fueron confirmados por la Coprocom que en 2006 ya sugería acciones para regular el precio que era 142% más caro que su producción.

La ministra también reseñó que fueron nueve diputados, de diferentes periodos, los que hicieron consultas por el tema de los precios y de la competencia del cemento a lo largo de una década.

Entre los diputados que enviaron notas al MEIC se encuentran José Miguel Corrales, del Partido Liberación Nacional (2005); Gerardo Vargas Leiva (2006), Francisco Molina (2008-2012), Gustavo Arias (2011) y Manrique Oviedo (2012) de Acción Ciudadana (PAC), así como Carlos Gutiérrez (2009), Danilo Cubero (2010 y 2011) y Otto Guevara (2014) del Movimiento Libertario.

Caso CNE. La ministra de Economía rechazó que el trámite de la modificación al reglamento se agilizara para favorecer a la empresa de Bolaños en abril de 2015, en específico con el proyecto de construcción del dique de Nosara, en Guanacaste. Obra que le adjudicó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Según ella, lo que se hizo fue verificar que las tres empresas (Holcim, Cemex y Sinocem) cumplieran con el reglamento. Al final, se determinó que ninguna de las tres cumplía con las exigencias técnicas, por lo cual el MEIC les dio un plazo de seis meses para ponerse al día.

"Al final terminamos confirmando que las tres empresas tenían imcumplimientos al reglamento técnico. No es cierto que Sinocem exclusivamente estaba incumplimiento el reglamento, como tampoco es cierto que este Ministerio generó plazo para beneficiar solo a Sinocem. El plazo fue para las tres empresas porque había un riesgo de desbasto en el país", alegó la ministra.

Con la nota en la que el MEIC confirma un incumplimiento reglamentario por parte de Sinocen, es que la CNE habría tomado la decisión de no permitir el uso del cemento de China en el dique de Nosara, el 10 de abril de 2015.

En ese momento, Juan Carlos Bolaños pidió una reunión a los entonces ministros Melvin Jiménez y Wélmer Ramos, de la Presidencia y de Economía, así como del diputado del PAC, Víctor Morales Zapata. Ellos tres junto al presidente de la CNE, Iván Brenes, se reunieron con Bolaños, en Casa Presidencial, el 13 de abril de 2015, para hablar de esas dificultades.

Cinco días después, el 18 abril, la CNE autorizó el uso del cemento chino a Sinocem Costa Rica.

Dinarte dijo que no había ningúna coincidencia y que seguro la CNE revirtió la decisión inicial, luego de que el MEIC emitió un oficio donde le anuncia a las tres cementeras que cuentan con seis meses para cumplir con el reglamento técnico.