Por: Esteban Mata Blanco 9 noviembre, 2016
Magistrados y diputados se encontraron este miércoles en el Castillo Azul.
Magistrados y diputados se encontraron este miércoles en el Castillo Azul.

Los magistrados que dirigen la Corte Suprema de Justicia empeñaron su palabra en que no intervendrán en la discusión legislativa sobre un recorte a las pensiones de lujo del Poder Judicial.

Así lo afirmaron la presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, y los magistrados presidentes de las cuatro salas de casación, luego de reunirse con diputados de casi todas las fracciones en la Asamblea Legislativa, para bajar la tensión que se produjo entre ambos poderes de la República por este tema.

Tanto la magistrada Calzada como el diputado Antonio Álvarez Desanti, presidente legislativo, reiteraron su disposición a mantener una comunicación positiva que no interfiera en el trámite del proyecto que busca poner un tope a las jubilaciones que hoy alcanzan hasta ¢9 millones.

Durante poco más de dos horas, diputados y magistrados conversaron en torno a las preocupaciones que surgieron en torno al proyecto 19.922, que se discute en una comisión especial. Ese plan impediría que las pensiones nuevas superen los ¢4,7 millones, mientras que los magistrados proponían que el tope quedase en ¢7,1 millones.

El proyecto, además, exigiría una contribución solidaria a las jubilaciones actuales que rebasen el límite. Ese aporte equivaldría a un 20% del monto que se exceda a partir del tope. Por ejemplo, a una pensión de ¢6,5 millones se le deduciría una contribución de ¢333.000; es decir, un 5% sobre el monto total.

"Esta reunión fue una iniciativa compartida para tender lazos y fortalecer el diálogo. Reafirmamos la confianza en la institucionalidad del país y, para la Corte, son muy claras las competencias de cada Poder de la República, somos respetuosos de ellas y estamos abiertos al diálogo", afirmó Villanueva.

Por su parte, Álvarez resaltó la participación de los jefes de bancada. El único que no se presentó fue el líder de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, quien había adelantado su ausencia por un asunt de agenda.

"Somos Poderes de la República que debemos trabajar siempre de la mano en aras de construir la Patria que todos merecemos, atendiendo el principio de la independencia de poderes", dijo Álvarez.

Los cuatro magistrados presidentes de las salas de la Corte fueron directos en su compromiso de no intervenir en el proceso legislativo.

"A raíz del trámite de la reforma en materia del régimen de pensiones judicial, es importante mantener el diálogo. Reiteramos el compromiso adquirido en el acuerdo de Corte Plena de respetar la potestad de la Asamblea Legislativa y señalamos la colaboración por parte de las instancias administrativas técnicas de la institución", afirmó el magistrado presidente de la Sala I, Luis Guillermo Rivas Loáciga.

Orlando Aguirre, presidente de la Sala II, recalcó la importancia de "la búsqueda de las mejores decisiones que garanticen la sostenibilidad en el tiempo del fondo de jubilaciones y pensiones".

Por su parte, Carlos Chinchilla, quien preside la Sala III de la Corte, reiteró "el respeto que existe entre todos los Poderes de la República y nuestra intención de cooperar y trabajar conjuntamente".

Finalmente, Ernesto Jinesta, quien había hecho pública su negativa a un recorte al sistema de pensiones,afirmó en un comunicado circulado por la oficina de prensa de la Corte: "Ratificamos la iniciativa de la Presidenta, que aprobó Corte Plena, en el sentido de que la Corte le dice al Poder Legislativo que es el órgano soberano para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial y que la Corte no va a interferir en lo absoluto y va a colaborar para que ellos conozcan todos los estudios técnicos y criterios que existan en el ámbito de la institución, para que las señoras y señores legisladores tomen la mejor de decisión", apuntó.

En junio pasado, durante una sesión de Corte Plena, Jinesta había dicho: "Estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas ni diezmadas", aseveró.

Insumos.

En la cita se acordó esperar el estudio actuarial que elabora la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre las pensiones de la Corte, antes de dictaminar el plan de ley, así como evaluar la posibilidad de incorporar a la comisión legislativa a los profesionales a cargo de ese estudio actuarial para que aporten insumos.

Actualmente, el sistema de pensiones del Poder Judicial ofrece ventajas como pensionarse con el promedio de los mejores 24 salarios y a los 50 años.

Hace dos semanas, la discusión de este expediente despertó recelos y señalamientos de algunos magistrados, que cuestionan los recortes, tal es el caso de los altos jueces de la Sala IV Ernesto Jinesta y Fernando Cruz.

Cruz había señalado en diciembre del 2014 que los diputados tuvieran músculo político para tocar pensiones y no para otras cosas.